Vivienda: qué propone cada partido en 2026

Propuestas de 27 partidos sobre vivienda, resumidas sin interpretar.

Partido Popular (PP)

Construir al menos un millón de viviendas nuevas en cuatro años (unas 250.000 al año), con prioridad para los jóvenes en alquiler y compra.
Poner a la venta todo el suelo público disponible, con viviendas hasta un 30% por debajo del precio de mercado.
Licencias por silencio administrativo positivo si el ayuntamiento no responde en 90 días.
Reducir a cuatro años la tramitación del planeamiento urbanístico y aprobar una nueva Ley del Suelo.
Aval público de hasta el 100% del precio para que los jóvenes compren su primera vivienda.
Bajar el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4% y reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra.
Ayuda económica a la emancipación juvenil, que el partido presenta como «la mayor de la historia».
Eliminar la declaración de zonas tensionadas y sus topes al precio del alquiler.
Ley para desalojar en un plazo de 48 horas a quienes ocupen ilegalmente una vivienda («okupas»).

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Programa TU CASA: préstamos ICO al 0% de hasta el 20% del precio (máx. 50.000 €) para la primera vivienda, con 10.000 M€ y carencia hasta el fin de la hipoteca.
Prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de finales de 2028, para inquilinos al corriente de pago.
Hasta finales de 2027, prohibir subir el alquiler por encima del índice de referencia y limitar la subida al 2% en el resto.
Suspender hasta 2030 los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, con compensación pública al propietario.
Prohibir hasta 2030 que fondos y grandes tenedores compren vivienda por menos del 70% de su valor de mercado.
Deducción estatal del 10% del alquiler en el IRPF para inquilinos con rentas inferiores a 33.007 €.
Prórroga automática del alquiler tras cinco años (siete si el casero es empresa) e indemnización de 12 mensualidades si el casero no renueva sin causa.
IVA del 10% para pisos turísticos y alquileres de hasta 30 noches, y recargos de IBI de hasta el 150% a alojamientos turísticos y viviendas vacías.
Subir del 15% al 25% el gravamen de las SOCIMI sobre beneficios del alquiler, con rebajas si ofrecen vivienda asequible.
IVA del 4% para la construcción de vivienda protegida permanente.
Ampliar el parque público vía Casa 47 con inmuebles del Estado y de la Seguridad Social, con precio máximo de venta permanente.
Limitar la duración de los alquileres de temporada a entre 31 días y 12 meses y exigir que se justifique la causa temporal.
183.000 viviendas públicas de alquiler, la mitad para jóvenes.
Cuenta de ahorro con ventajas fiscales para la primera vivienda de jóvenes de hasta 39 años, con hasta 30.000 € libres de tributación.

Vox (VOX)

Derogar la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, incluido el control de precios del alquiler en zonas tensionadas.
Aplicar el principio de «prioridad nacional» en la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas a la vivienda.
IVA del 0% en la compra de la primera vivienda habitual.
Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y extender la deducción por alquiler a todo el territorio.
Desalojo policial de ocupantes ilegales en 24 horas y que el propietario deje de pagar IBI y suministros durante la ocupación.
Liberar suelo no protegido con una nueva Ley del Suelo y reducir tributos y trámites del proceso edificatorio.
Construir vivienda social pública con opción a compra, con colaboración público-privada y cesión de suelo público y de la Sareb.

Frente Amplio (Sumar, IU, Más Madrid, Comuns y otros) (FA)

Invertir el 1% del PIB durante diez años para crear dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible.
Prohibir la compra de vivienda por empresas y fondos de inversión que no sea para uso residencial y derogar el régimen de las SOCIMI.
Prorrogar los contratos de alquiler hasta 2028, renovación automática y suspender los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030 (decretos de octubre de 2026).
Fijar en zonas tensionadas un precio de referencia del alquiler equivalente al 30% de la renta de los hogares que alquilan.
Recargo en el Impuesto de Sociedades a los fondos que alquilen por encima del precio de referencia o destinen viviendas a uso turístico.
Alquiler social obligatorio para los grandes tenedores y límites al alquiler turístico.
Rehabilitar 500.000 viviendas al año para reducir a la mitad su demanda energética.
Portabilidad obligatoria de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.

Podemos (PODEMOS)

Bajar por ley un 40% los alquileres en contratos renovados o prorrogados y fijar los nuevos en el 60% del índice de referencia.
Prohibir los pisos turísticos y sancionar el fraude del alquiler de temporada.
Moratoria a la compra de vivienda que no sea para residir y exigir acreditar cuatro años de uso residencial antes de poder alquilarla.
Alquiler social obligatorio del 50% de las viviendas de grandes tenedores (75% en el caso de la Sareb).
Contratos de alquiler de 10 años de duración mínima (12 si el propietario es una empresa).
Impuesto de 20 puntos sobre la venta de viviendas compradas en los dos años anteriores.
Impuesto a las viviendas vacías y número máximo de viviendas por propietario.
Elevar el parque público de vivienda mediante compras masivas, sin desalojos sin alternativa habitacional.
Limitar durante un año las hipotecas variables a euríbor + 0,1%.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Desplegar la limitación de los precios del alquiler.
Invertir al menos 1.000 millones de euros anuales en políticas de vivienda.
Apoyó en el Congreso los decretos de vivienda de 2026 (prórroga de alquileres, suspensión de desahucios, veto a compras por fondos), que fueron rechazados.

Se Acabó La Fiesta (SALF)

Declarar edificable todo el suelo salvo que existan razones objetivas en contra.
Cero impuestos en la compra de la primera vivienda y licencias rápidas.
Ley «antiokupación» con desalojo policial en 24 horas y deducción en el IRPF para los propietarios afectados.
Registro público de ocupantes ilegales y exclusión de los «okupas» de las ayudas sociales.
Rechazo a los topes de precio del alquiler.

Junts per Catalunya (Junts)

Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar en 48 horas a ocupantes de viviendas que no acrediten título legítimo.
Permitir a las comunidades de propietarios actuar contra pisos ocupados que causen problemas de convivencia, y sancionar a grandes tenedores que no actúen.
Votó en contra de los decretos de vivienda de 2026 (prórroga de alquileres, suspensión de desahucios) y pidió negociar otro texto.

Euskal Herria Bildu (EH Bildu)

Recuperar la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler en las mismas condiciones.
Plan de vivienda 2026-2036: 30.000 viviendas protegidas sobre todo en alquiler y un fondo público-privado de 3.000 M€ con mayoría pública.
Declarar toda la CAV zona tensionada con control permanente de precios del alquiler.
Gravar las viviendas vacías (IBI y canon anual), alquiler forzoso en zonas tensionadas y expropiación del uso en emergencias.
Subir el ITP a terceras viviendas y grandes tenedores y un recargo del 20% al alquiler turístico y de temporada.
Revisar la deducción fiscal por compra de vivienda para destinar esos recursos a vivienda pública.
Mantener el 75% de vivienda protegida en nuevas promociones y destinar la mitad de esa reserva al alquiler.

Partido Nacionalista Vasco / Euzko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV)

Critica la Ley estatal de Vivienda de 2023 por sus efectos sobre el mercado del alquiler.

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Elevar la inversión pública en vivienda hasta 250 euros por habitante.
Traspasar gratuitamente a Galicia los activos de la Sareb para crear una bolsa de vivienda pública.
Ampliar el recargo del IBI sobre la vivienda vacía y alargar la duración de los contratos de alquiler.

Adelante Andalucía (AA)

Limitar por ley el alquiler a un máximo del 20 % del salario medio de cada zona.
Expropiar el uso de viviendas vacías de grandes propietarios, bancos y fondos para alquilarlas a un máximo del 20 % de la renta del hogar.
Incorporar el 100 % de los inmuebles de la Sareb al parque público de alquiler.
Obligar a que el 50 % de las viviendas de nuevas promociones privadas sean protegidas y reformar el modelo de VPO para hacerlo accesible.

Coalición Canaria (CC)

Financiación estatal para vivienda pública y asequible en Canarias y aprobación de una Ley de Residencia para Canarias.

Unión del Pueblo Navarro (UPN)

Derogar la Ley estatal de Vivienda y respetar las competencias de Navarra en la materia.
Garantizar la propiedad privada y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.

Ara MÉS – Front Ampli (MÉS)

Declarar el acceso a la vivienda «emergencia nacional».
Abolir el alquiler turístico: prohibir nuevos usos turísticos de viviendas y eliminar de forma progresiva los existentes.
Impedir la compra de vivienda a no residentes, pidiendo al Gobierno central el cambio legal necesario.
Exigir un mínimo de años de residencia en Baleares para poder comprar vivienda y dar prioridad a los residentes.
Declarar Baleares zona tensionada para aplicar los límites al alquiler, y regular los precios de la vivienda.
Más impuestos a las viviendas vacías, recargo a las segundas residencias y subir el ITP en compras para uso no residencial.
Moratoria a la construcción de viviendas de lujo y prohibir edificar en suelo rústico.
Que el Estado desarrolle vivienda protegida en Son Busquets y traspase al instituto balear de vivienda los inmuebles de la Sareb.
Movilizar los pisos vacíos de grandes tenedores e impulsar el alquiler público y social.

Existe (Teruel Existe – Aragón Existe) (EXISTE)

Reducir un 80% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de vivienda en esas localidades.
Rehabilitación de vivienda rural vinculada a su puesta en alquiler y vivienda pública rural de alquiler.

Compromís: Front Valencià (COMPROMÍS)

Regular por ley los precios del alquiler.
Que las viviendas de la Sareb en la Comunitat pasen a ser vivienda pública.
Construir 5.000 viviendas de alquiler social con los ayuntamientos y un Fondo Valenciano de Vivienda Pública.

Unidad del Pueblo Canario (UPC)

Garantizar el derecho a la vivienda (eje de la coalición).
Construir al menos 5.000 viviendas protegidas en la legislatura y limitar el alquiler en zonas tensionadas.
Buscar mecanismos para limitar la compra de vivienda por extranjeros «no arraigados», dentro de la legislación estatal y europea.

Drago Canarias (DRAGO)

Limitar la compra de vivienda con fines especulativos.
Declarar zona de mercado residencial tensionado a los 88 municipios de Canarias.
Medidas fiscales en vivienda, que considera ausentes en los gobiernos de coalición.
Dar prioridad en vivienda a quienes viven en Canarias frente a quienes llegan «en condiciones de privilegio».

Geroa Bai (GBAI)

Seguir ampliando el derecho subjetivo a la vivienda de los programas de alquiler para jóvenes (DaVid y EmanZipa).

Democracia para el Siglo 21 (D21)

Plan Nacional de Construcción de Barrios pactado entre partidos, con diez años de seguridad jurídica para promotores y administraciones.
Eliminar todos los impuestos ligados a la vivienda para los menores de 35 años mientras no se garantice el acceso a alquileres asequibles.
Objetivo: que quien gane 1.300 euros al mes no pague más de 350 en vivienda.
Pedir a Sánchez y Feijóo que viajen juntos a Bruselas para destinar los fondos Next Generation sin ejecutar a un fondo de vivienda protegida y asequible.
Simplificar los permisos de construcción, que según el partido tardan casi tres años.

Frente Obrero (FO)

Construir vivienda pública de calidad a precios asequibles.
Frenar los desahucios de familias trabajadoras vulnerables hasta que tengan alternativa y garantizar la dación en pago.
Tolerancia cero con las «mafias okupas», los narcopisos y los «inquiokupas».
Orientar el acceso a la vivienda pública hacia los «españoles autóctonos».
Combatir la especulación de bancos y fondos y frenar la gentrificación y los pisos turísticos.

Feministas al Congreso (PFAC)

Proteger el derecho a la vivienda frente al mercado.

Iustitia Europa (IE)

Priorizar la propiedad privada frente a la intervención del mercado de la vivienda.

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Prohibir los desahucios de familias trabajadoras y los cortes de suministros básicos.
«Expropiación sin indemnización» de las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión.
Tope «real y efectivo» a los alquileres.
Plan de redistribución de la vivienda vacía, rehabilitación del parque y construcción de nueva vivienda para las necesidades populares.
Que la estabilidad de la vivienda habitual prevalezca sobre la facultad del propietario de recuperarla, subir la renta o cambiar de inquilino; considera insuficientes los decretos de vivienda de 2026.

Falange Española de las JONS (FE de las JONS)

Vivienda como derecho social y no como activo especulativo; la vivienda social es una de sus prioridades de campaña.

Democracia Nacional (DN)

Vivienda protegida de calidad y ampliación del parque protegido con acceso para familias, parejas, jóvenes y emprendedores «españoles autóctonos», y más ayudas sociales para ellos.
Perseguir con eficacia a los «especuladores inmobiliarios» y las prácticas especulativas que encarecen la vivienda.
Intervención del Estado en el mercado inmobiliario para perseguir actividades ilegales y abaratar los precios.
Bajar los impuestos a las familias que ya tienen vivienda.
Ayudas fiscales y económicas a los jóvenes para acceder a una vivienda y formar una familia.