Programa electoral de Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Pedro Sánchez.

Partido socialdemócrata liderado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018 y candidato de nuevo el 29N. Según sus decretos recientes y sus documentos de partido, prioriza la vivienda (alquiler y acceso a la compra), la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones con el IPC y la ampliación de servicios públicos y derechos.

Propuestas de PSOE

Vivienda

Programa TU CASA: préstamos ICO al 0% de hasta el 20% del precio (máx. 50.000 €) para la primera vivienda, con 10.000 M€ y carencia hasta el fin de la hipoteca.
Prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de finales de 2028, para inquilinos al corriente de pago.
Hasta finales de 2027, prohibir subir el alquiler por encima del índice de referencia y limitar la subida al 2% en el resto.
Suspender hasta 2030 los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, con compensación pública al propietario.
Prohibir hasta 2030 que fondos y grandes tenedores compren vivienda por menos del 70% de su valor de mercado.
Deducción estatal del 10% del alquiler en el IRPF para inquilinos con rentas inferiores a 33.007 €.
Prórroga automática del alquiler tras cinco años (siete si el casero es empresa) e indemnización de 12 mensualidades si el casero no renueva sin causa.
IVA del 10% para pisos turísticos y alquileres de hasta 30 noches, y recargos de IBI de hasta el 150% a alojamientos turísticos y viviendas vacías.
Subir del 15% al 25% el gravamen de las SOCIMI sobre beneficios del alquiler, con rebajas si ofrecen vivienda asequible.
IVA del 4% para la construcción de vivienda protegida permanente.
Ampliar el parque público vía Casa 47 con inmuebles del Estado y de la Seguridad Social, con precio máximo de venta permanente.
Limitar la duración de los alquileres de temporada a entre 31 días y 12 meses y exigir que se justifique la causa temporal.
183.000 viviendas públicas de alquiler, la mitad para jóvenes.
Cuenta de ahorro con ventajas fiscales para la primera vivienda de jóvenes de hasta 39 años, con hasta 30.000 € libres de tributación.

Empleo y salarios

Subir el salario mínimo todos los años que gobierne.
Fijar en la ley y en la Constitución que el SMI sea al menos el 60% del salario medio.
Jornada laboral media de 36 horas semanales en 2030.
Reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial (proyecto de ley del Gobierno, no aprobado).
Pleno empleo: paro estructural por debajo del 8%.
Plan de choque contra el paro juvenil con itinerarios de formación y empleo de 12 meses y prácticas para jóvenes con un año en paro.
Incentivos a las empresas para jornadas híbridas y horarios flexibles.

Economía y fiscalidad

Tipo del 50% en el IRPF para rentas superiores a 300.000 € anuales.
Obligar por ley a las grandes empresas a repartir parte de sus beneficios con sus plantillas.
Reducir el déficit estructural y combatir el fraude y la economía sumergida sin subir los impuestos con carácter general.
Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal y mejor fiscalidad para autónomos y pymes.
Mantener el gravamen sobre el margen de intereses de la banca.
Crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con resolución vinculante y gratuita de reclamaciones, y eliminar comisiones por sacar efectivo en ventanilla.
Ampliar a hipotecados con renta de hasta 37.800 € la ampliación de plazo de 7 años y la congelación de cuota durante 1 año.

Pensiones

Revalorizar las pensiones con el IPC durante otros cuatro años.
Terminar la legislatura con 20.000 M€ en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Mantener la revalorización automática con el IPC de la Ley 21/2021 y el mecanismo de equidad intergeneracional.
Garantizar en la Constitución la revalorización de las pensiones con el IPC.
Subir un 10% el complemento de brecha de género en 2026-2027 y computar un año cotizado por hijo.
Aportar 5.000 M€ anuales a la «hucha» de las pensiones e impulsar los planes de pensiones de empleo.

Sanidad

Ley con tiempos máximos de espera: 120 días para operarse, 60 para el especialista, 30 para pruebas y 15 para salud mental de menores de 21 años.
Ampliar la cartera pública con salud bucodental, fisioterapia, oftalmología, psicología y psiquiatría clínica.
Ley de equidad que impida nuevos copagos y refuerce la gestión pública del SNS (proyecto que decae con la disolución).
Aumentar hasta un 15% las plazas de Medicina.
Pacto por la Salud Mental y refuerzo de la línea 024 de atención a la conducta suicida.
Destinar el 7% del PIB a sanidad.

Educación

Matrícula gratuita en la universidad y en FP superior para quien apruebe a la primera.
Ratios máximas de 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO, y menos horas lectivas docentes de forma gradual hasta 2031-32 (proyecto que decae).
250.000 nuevas plazas de Formación Profesional.
Plazas públicas gratuitas de 0 a 3 años y libros de texto gratuitos.
Destinar el 5% del PIB a educación.
Nueva regulación más exigente para crear universidades privadas.
Transporte público urbano gratuito para niños y estudiantes de hasta 24 años.

Deuda y cuentas públicas

Condonar 83.252 M€ de deuda autonómica asumiéndola el Estado (ley que decae con la legislatura).
Consolidación fiscal reduciendo déficit estructural y deuda según las reglas europeas, y aumentar el peso de la inversión pública.

Familia y demografía

Ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas, con opción de disfrutarlo a tiempo parcial.
Aumentar en el IRPF los incentivos por hijo y por dependencia.
Ley de usos del tiempo y pacto para racionalizar horarios.
Impulsar la economía de los cuidados con ayudas directas a las familias más vulnerables.

Energía y clima

81% de electricidad renovable y reducción del 32% de emisiones respecto a 1990 en 2030 (PNIEC).
Mantener el cierre escalonado del parque nuclear hasta 2035, con Almaraz autorizada hasta 2030.
Copropiedad municipal y vecinal de hasta el 10% en parques eólicos y fotovoltaicos.
Duplicar la aportación de la desalación y ley que impida privatizar la gestión del agua en los municipios.
Pacto de Estado frente a la emergencia climática y leyes básicas de bomberos forestales y agentes forestales.
Plan de adaptación urbana con más zonas verdes, agua y sombra, y menos asfalto.

Inmigración

Mantener la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, con 1.174.978 solicitudes hasta junio de 2026.
Reparto obligatorio entre comunidades de los menores migrantes no acompañados.
Reducir las llegadas irregulares, desmantelar mafias en origen y ampliar la migración circular.
Nueva ley de nacionalidad.
45,3 M€ para Ceuta por la atención a menores migrantes.

Justicia, instituciones y corrupción

Mantener la Ley de Amnistía.
Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con instrucción a cargo de los fiscales y un juez de garantías.
Ley de Integridad Pública con una agencia independiente anticorrupción y revisiones aleatorias del patrimonio de altos cargos.
500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027.
Reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal.

Modelo territorial

Nuevo modelo de financiación autonómica: 20.975 M€ más en 2027 y cesión del 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, de adhesión voluntaria.
Avanzar hacia un Senado territorial y un modelo federal.
Ley de cohesión territorial y servicios básicos accesibles en un máximo de 30 minutos en el medio rural.

Igualdad y derechos sociales

Incluir el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución.
Ley orgánica contra la violencia vicaria.
Renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Abolir la prostitución castigando el proxenetismo y aprobar una ley integral contra la trata.
Rechazo a la gestación subrogada.
Mantener la ley de paridad de 2024 en política y empresas.

Seguridad y defensa

Gasto en defensa del 2,1% del PIB, sin asumir el objetivo del 5% de la OTAN.
Ampliar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y reforzar VioGén y la seguridad rural.
Reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015.
Reforzar la ciberseguridad e impulsar la industria de defensa europea.

Europa, soberanía y exterior

Seguir apoyando a Ucrania y su ingreso en la UE.
Embargo de armas a Israel y petición de suspender el acuerdo de asociación UE-Israel.
Ayuda oficial al desarrollo del 0,7% de la renta nacional bruta en 2030.
Autonomía estratégica europea y América Latina como prioridad, apoyando acuerdos con Chile, México y Mercosur.

Campo y mundo rural

Vivienda asequible en los pueblos y modernización de regadíos.
Papel de las mujeres como motor del desarrollo rural y pueblos seguros con más seguridad ciudadana.

Ciencia, tecnología e innovación

Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y ampliación de la Carta de Derechos Digitales.
Proyectos estratégicos en semiconductores (PERTE Chip), computación cuántica e IA.
Conectividad ultrarrápida en el 100% del territorio y despliegue de 5G y 6G.
Regular el acceso de los menores a redes sociales y protegerlos de la pornografía.

Cultura, lengua e identidad

Memoria democrática como política de Estado.
Impulsar la economía de la lengua española y las industrias culturales y creativas.

Críticas a PSOE

Críticas económicas

Control y prórroga de alquileres reducen la oferta. El primer balance empírico de Fedea sobre la Ley de Vivienda en Cataluña observa una moderación de precios acompañada de caídas de los anuncios de alquiler de en torno al 20% y de mucha más competencia por cada piso. El autor concluye que la regulación beneficia a quienes ya tienen contrato y perjudica a quienes buscan vivienda.
Préstamos para la entrada con oferta rígida. TU CASA financia hasta 50.000 € de la entrada sin intereses. Si no aumenta la oferta, parte de la ayuda puede trasladarse al precio. Funcas advierte de que las ayudas a la demanda dan alivio a corto plazo a costa de distorsiones a largo plazo, y el Banco de España sitúa la producción en unas 90.000 viviendas al año frente a más de 275.000 hogares nuevos.
Gasto en pensiones y equidad entre generaciones. Fedea estima que, con la reforma de 2021-23 (revalorización con el IPC y MEI), el gasto en pensiones superará el 18% del PIB hacia 2050, con un aumento de unos 5 puntos frente a los menos de 2,5 que calcula el Ministerio. Según el estudio, la reforma beneficia a los ya jubilados a costa de las cohortes jóvenes y debería revisarse.
Condonación y nueva financiación: incentivos y coste para el Estado. Ángel de la Fuente (Fedea) sostiene que condonar deuda autonómica sin condiciones invita a la indisciplina fiscal y beneficia más a las comunidades más endeudadas. Añade que los recursos extra del nuevo modelo agravarían el déficit estatal e incluyen fondos ad hoc que reintroducen arbitrariedad.
Cierre nuclear y coste del PNIEC. Un análisis de Fedea concluye que cerrar Almaraz encarecería el suministro y elevaría las emisiones al aumentar el uso de gas, y recomienda al menos retrasar el calendario. Otro estudio de Fedea estima que el escenario del PNIEC requiere unos 4.800 M€ anuales en ayudas no explícitas.

Críticas sociales

Proteger al inquilino actual puede excluir al futuro. Benito Arruñada (Fedea) sostiene que las normas que alteran contratos ya firmados, como la prórroga obligatoria, la suspensión de desahucios o la indemnización por no renovar, protegen al inquilino de hoy pero endurecen las garantías y la selección para el de mañana, a menudo igual de vulnerable. Propone ayudar a los hogares vulnerables con fondos públicos.
Deducción del alquiler que no llega a quien no tributa. Una deducción en el IRPF solo beneficia a quien tiene cuota suficiente, y deja fuera a muchos hogares de renta baja. Además, parte de la deducción puede acabar en los precios. Ignacio Zubiri, en un trabajo para Fedea, recomienda suprimir los incentivos al alquiler en el IRPF dentro de una reforma fiscal más simple.
Regularización extraordinaria y trabajadores menos cualificados. La evidencia que revisa Fedea encuentra efectos medios pequeños de la inmigración sobre el empleo y los salarios nativos. Sin embargo, sí detecta presión a la baja en los grupos que compiten directamente con los recién llegados, sobre todo los menos cualificados. Con más de un millón de solicitudes, también se cuestiona la capacidad de la Administración para tramitarlas.
Reducción de jornada por ley y pymes. Jesús Lahera y José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea) consideran que la reducción de la jornada legal planteada es rígida, sin periodo transitorio y con poco espacio para la negociación colectiva. Señalan que pesa más sobre las pymes y los sectores intensivos en mano de obra, y proponen 19 enmiendas para flexibilizarla.

Críticas culturales

Ley de Amnistía y división social. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa recomendó en 2024 no tramitar una amnistía por la vía de urgencia y buscar un consenso más amplio, al constatar la profunda división que generaba en la sociedad y en las instituciones. Sus críticos sostienen que se aprobó como contrapartida de la investidura.
Asimetría territorial e igualdad entre ciudadanos. Los críticos del nuevo modelo y del avance hacia un modelo federal sostienen que acuerdos negociados con socios concretos rompen la igualdad entre territorios. Fedea calcula que Cataluña sería la comunidad más beneficiada, con 507 € por habitante ajustado, mientras Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León no ganarían nada.
Aborto en la Constitución. Los críticos de la reforma sostienen que incluir el aborto en el artículo 43 sin un consenso amplio convierte en constitucional una cuestión de conciencia muy disputada. Añaden que exige una mayoría de tres quintos que el Gobierno no tenía, por lo que tendría sobre todo un efecto de posicionamiento político.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Devoluciones sin garantías en Ceuta (2021) y Melilla (2022). El Tribunal Supremo declaró ilegal en 2024 la devolución de menores de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021: no hubo evaluación individual ni ponderación del interés del menor, se vulneró su integridad física y moral y se invocó la prohibición de expulsiones colectivas. El Defensor del Pueblo concluyó que los 470 rechazos en frontera del 24 de junio de 2022 en Melilla no respetaron la ley nacional ni la internacional.
Fiscal instructor y un fiscal general aún próximo al Gobierno. Pasar la instrucción a los fiscales (psoe-ins-02) aumenta el riesgo de influencia gubernamental si no se refuerza antes la autonomía de la Fiscalía. El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 califica de «avance significativo» el mandato de cinco años no renovable del proyecto, pero vuelve a recomendar desvincular al fiscal general del Gobierno. El fiscal general nombrado por el Gobierno siguió en el cargo mientras estaba procesado, y el Supremo lo condenó en noviembre de 2025; su recurso está pendiente ante el TC.
Amnistía: avalada, con reparos de método. El Tribunal Constitucional avaló la ley en lo esencial (STC 137/2025, de 26 de junio): solo declaró inconstitucional el art. 1.1 por vulnerar el art. 14 CE al dejar fuera a quienes actuaron contra la secesión, y lo corrigió sin anularlo. El TJUE (Gran Sala, 16-7-2026) la declaró compatible con el derecho de la UE. Los reparos que siguen en pie son de calidad institucional: la Comisión de Venecia admitió su fin legítimo, pero recomendó buscar una mayoría cualificada más amplia y tiempo para un diálogo leal, y la ley se aprobó con una mayoría ajustada, como parte de un acuerdo de investidura y con los votos de partidos cuyos dirigentes eran beneficiarios.
Acuerdo de investidura con Junts y el «lawfare». El acuerdo PSOE-Junts de 2023 recogía el «lawfare» y la posibilidad de que las comisiones parlamentarias examinaran actuaciones judiciales. La Comisión Permanente del CGPJ lo calificó de «inadmisible injerencia» en la independencia judicial, y todas las asociaciones judiciales, también la progresista, lo rechazaron.
Condena de su exministro y ex número tres por corrupción. En junio de 2026 el Tribunal Supremo condenó por unanimidad a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, a 24 años de prisión por delitos como organización criminal, cohecho y malversación en contratos públicos («caso mascarillas»). Las causas sobre su sucesor en el cargo orgánico siguen en instrucción y no se valoran aquí. Al estar aforado, el Supremo lo juzgó en única instancia; solo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
RTVE: riesgo de injerencia política. El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 sitúa en «medio-alto» el riesgo de injerencia política en RTVE tras la reforma de 2024, aprobada por decreto-ley del Gobierno. El mismo informe valora bien la reforma de la publicidad institucional.