Programa electoral de Iustitia Europa (IE) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Luis María Pardo (presidente; candidato a la presidencia y cabeza de lista por Madrid).

Partido fundado en 2023 por el abogado y exguardia civil Luis María Pardo, conocido por personarse como acusación popular en causas de corrupción, que se define como «antipartido». Prioriza una reforma constitucional para «superar el régimen del 78», la elección directa del presidente, el recorte del gasto político, el control migratorio con deportaciones y «más España y menos Unión Europea».

Propuestas de IE

Vivienda

  • Priorizar la propiedad privada frente a la intervención del mercado de la vivienda.

Empleo y salarios

  • Cuota cero a la Seguridad Social para los autónomos durante cuatro años.

Economía y fiscalidad

  • «Tijeretazo» al gasto político y administrativo y revisión del sistema de subvenciones.

Sanidad

  • Incorporar las terapias naturales al sistema público de salud.

Educación

  • Educación «sin ideología», sin contenidos de género ni de la Agenda 2030.

Energía y clima

  • Salir del Pacto Verde Europeo, retirar las subvenciones a las renovables y apostar por la nuclear y el gas.

Inmigración

  • Reforma integral de la Ley de Extranjería y cambio del procedimiento de asilo.
  • Deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular.
  • Expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan.
  • Suprimir las ayudas y subvenciones a los inmigrantes en situación irregular.
  • Desplegar el Ejército y la Armada en fronteras, puertos y costas para interceptar entradas irregulares y frenar a los barcos de ONG, a los que llama «taxis ilegales».
  • Reforzar las vallas de Ceuta y Melilla.

Justicia, instituciones y corrupción

  • Reformar la Constitución de 1978 para «superar el régimen del 78» y la «despartidización del Estado».
  • Elección directa del presidente del Gobierno.
  • Sustituir las listas cerradas por una elección más directa de diputados y senadores.
  • Limitar los mandatos de los cargos políticos.
  • Referéndums vinculantes, también sobre la permanencia de España en la UE y la OTAN.
  • Hacer jurídicamente vinculantes las promesas electorales («Contrato Electoral»), con pérdida de sueldo, subvenciones o cargo si se incumplen.
  • Suprimir los aforamientos y las inmunidades de los cargos públicos.
  • Que los jueces elijan a los vocales del CGPJ y reformar la elección del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General.
  • Reforzar en la Constitución la acusación popular para que ciudadanos, asociaciones y partidos puedan personarse en causas de interés general.
  • Eliminar la financiación pública de los partidos; el partido renuncia a subvenciones.
  • Personarse como acusación popular en causas de corrupción (Begoña Gómez, Koldo-Ábalos-Cerdán, Montoro, ático de la Comunidad de Madrid).
  • Pedir al Supremo que suspenda cautelarmente la votación del 29N o que se marque por separado a 163.020 electores del CERA, por el censo de la «ley de nietos».

Europa, soberanía y exterior

  • «Más España y menos Unión Europea»: recuperar la soberanía cedida a la UE.

Críticas a IE

Críticas económicas

  • Cuota cero a autónomos sin financiación. Eximir de cotizar durante cuatro años a los autónomos supondría una pérdida de ingresos para la Seguridad Social que el partido no cuantifica, en un sistema cuyo desequilibrio por envejecimiento señalan los análisis actuariales.
  • Salir del Pacto Verde y quitar ayudas a renovables. Las renovables son hoy la principal fuente de generación eléctrica en España y han contribuido a bajar el precio mayorista en las horas de más producción. Abandonar el Pacto Verde expondría a España a incumplir obligaciones europeas y a perder fondos ligados a ellas.
  • Un referéndum sobre la UE. La experiencia británica sugiere costes elevados de salir de la UE: la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido estima una caída a largo plazo de la productividad del 4 % y del comercio en torno al 15 %.

Críticas sociales

  • Deportaciones masivas y mercado de trabajo. Fedea estima que la inmigración compensó cerca del 60 % del deterioro del dividendo demográfico entre 2000 y 2019. Deportaciones masivas y la supresión de ayudas afectarían a sectores que dependen de esta mano de obra y a familias con menores escolarizados.
  • Terapias naturales en la sanidad pública. El Gobierno lanzó en 2018 un plan para proteger a los pacientes frente a las pseudoterapias, por falta de pruebas de eficacia y por el riesgo de que retrasen tratamientos eficaces. Incorporarlas al sistema público iría en dirección contraria si no se exige la misma evidencia que a cualquier tratamiento.

Críticas culturales

  • Educación «sin ideología» sin definir. Vetar contenidos de género o de la Agenda 2030 sin precisar qué se considera «ideología» deja abierto qué materias se suprimirían, incluidas las de igualdad o educación afectivo-sexual que hoy recoge la ley educativa.
  • Discurso «antipartido» y descrédito de las instituciones. El partido se presenta como «antipartido» y ha llevado a los tribunales sospechas de fraude electoral que el Supremo rechazó por falta de pruebas. Cuestionar la limpieza del escrutinio sin indicios puede erosionar la confianza en las elecciones.

Estado de derecho y derechos fundamentales

  • Deportaciones masivas e interceptación en el mar. Interceptar embarcaciones con la Armada y devolverlas sin examinar cada caso vulnera el principio de no devolución: el TEDH condenó a Italia por devolver a Libia a personas interceptadas en alta mar. Las deportaciones «masivas» chocan con la prohibición de expulsiones colectivas. Impedir los rescates choca además con el deber de auxilio en el mar. Es el mismo test aplicado a Vox y SALF.
  • Promesas electorales con pérdida del cargo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo: el escaño pertenece al representante y no puede retirarse por incumplir un programa. La Comisión de Venecia considera incompatibles con el mandato libre los mecanismos que permiten revocar a un parlamentario nacional por su actuación política.
  • Petición de suspender la votación o marcar a electores. Pidió al Supremo suspender la votación del 29N o, subsidiariamente, identificar por separado a 163.020 electores del CERA para poder rastrear sus votos. Suspender unas generales afecta al derecho de sufragio de todos, y separar las papeletas de un grupo identificado choca con el carácter secreto del voto. La petición está pendiente.