Programa electoral de Euskal Herria Bildu (EH Bildu) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Oskar Matute (cabeza de lista por Bizkaia; pendiente de ratificación por la militancia).

Coalición de la izquierda independentista vasca (Sortu, EA, Alternatiba, Aralar) coordinada por Arnaldo Otegi, que apoyó la investidura de Sánchez en 2023. Prioriza el reconocimiento nacional y el derecho a decidir, la vivienda pública y el control de alquileres, la subida de salarios y pensiones mínimas y la fiscalidad progresiva.

Propuestas de EH Bildu

Vivienda

  • Recuperar la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler en las mismas condiciones.
  • Plan de vivienda 2026-2036: 30.000 viviendas protegidas sobre todo en alquiler y un fondo público-privado de 3.000 M€ con mayoría pública.
  • Declarar toda la CAV zona tensionada con control permanente de precios del alquiler.
  • Gravar las viviendas vacías (IBI y canon anual), alquiler forzoso en zonas tensionadas y expropiación del uso en emergencias.
  • Subir el ITP a terceras viviendas y grandes tenedores y un recargo del 20% al alquiler turístico y de temporada.
  • Revisar la deducción fiscal por compra de vivienda para destinar esos recursos a vivienda pública.
  • Mantener el 75% de vivienda protegida en nuevas promociones y destinar la mitad de esa reserva al alquiler.

Empleo y salarios

  • Recuperar la indemnización de 45 días por año en el despido improcedente y los salarios de tramitación.
  • Reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin pérdida salarial.
  • SMI estatal de 1.200 euros y un salario mínimo vasco del 60% del salario medio, según la Carta Social Europea.
  • Prevalencia de los convenios vascos, provinciales y autonómicos sobre los estatales; marco vasco-navarro de negociación colectiva.
  • Recuperar la autorización administrativa de la autoridad laboral en los ERE.

Economía y fiscalidad

  • Hacer permanentes los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, gestionados por las haciendas forales.
  • Crear un impuesto especial sobre los beneficios de las grandes cadenas de distribución alimentaria.
  • Obligar a devolver las ayudas públicas a las empresas que deslocalicen su producción.
  • Nueva Ley de Industria centrada en pymes, investigación, innovación y digitalización.

Pensiones

  • Subir de inmediato las pensiones mínimas a 1.080 euros y más las de viudedad y no contributivas.
  • Rechazar cualquier aumento de la edad de jubilación o del periodo de cotización.
  • Transferir el régimen económico de la Seguridad Social a las instituciones vascas y navarras.

Sanidad

  • Ampliar las plazas MIR, especialmente en atención primaria.
  • Derogar la Ley 15/1997, que permite fórmulas de gestión privada en la sanidad pública.
  • Multiplicar el presupuesto de salud mental y las plazas PIR.
  • Incluir la atención visual y bucodental básica en la cartera pública.

Educación

  • Proteger el modelo educativo vasco y sus disposiciones lingüísticas frente a cambios impuestos.

Deuda y cuentas públicas

  • Derogar la reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda.
  • Rechazar la reactivación de reglas fiscales europeas que limiten la inversión pública.

Energía y clima

  • Adelantar la neutralidad climática a 2040.
  • Reformar el sistema marginalista de fijación del precio eléctrico en la UE.
  • Crear comercializadoras eléctricas públicas en todos los niveles de la administración.

Inmigración

  • Derogar la Ley de Extranjería y sustituirla por una ley basada en derechos.
  • Crear vías seguras de migración y acabar con las devoluciones en caliente.
  • Proponer una ley integral contra el racismo y la discriminación.

Justicia, instituciones y corrupción

  • Ampliar la Ley de Memoria Democrática a víctimas del franquismo, la tortura y la violencia del Estado y de la extrema derecha.
  • Derogar la Ley de Secretos Oficiales para esclarecer casos como Zabalza, Germán Rodríguez o el 3 de marzo de Gasteiz.

Modelo territorial

  • Reconocer a Euskal Herria como nación y el carácter político del conflicto con el Estado.
  • Reconocer el derecho a decidir, con ratificación por la ciudadanía vasca de cualquier acuerdo.
  • Reconocer el carácter plurinacional del Estado y habilitar la opción de la República en la Constitución.
  • Un 'nuevo estatus' para la CAV, no un nuevo Estatuto, con bilateralidad efectiva y un sistema de garantías del autogobierno.
  • Transferir todas las competencias pendientes del Estatuto de Gernika y del Amejoramiento navarro, incluidas I+D+i, becas, puertos y aeropuertos.
  • Renegociar de igual a igual el Concierto Económico vasco y el Convenio Económico navarro.
  • Negociar el traspaso íntegro de Cercanías.
  • Transferir la Inspección de Trabajo y las políticas pasivas de empleo.

Igualdad y derechos sociales

  • Subir al menos un 12% los umbrales y cuantías del Ingreso Mínimo Vital y permitir la solicitud presencial.
  • Prohibir de forma permanente los cortes de suministros básicos a hogares vulnerables.
  • Defender los avances feministas, incluido el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y los derechos LGTBI frente a delitos de odio.

Seguridad y defensa

  • Derogar los delitos de 'falta de respeto' y 'desobediencia' de la ley mordaza y prohibir las pelotas de goma.
  • Crear un organismo independiente que supervise e investigue la actuación policial.

Campo y mundo rural

  • Más control de la cadena alimentaria para garantizar precios justos a los productores.
  • Más inversión en Renfe y Feve (accesibilidad y horarios) y descuentos al transporte público garantizados por ley.

Cultura, lengua e identidad

  • Garantizar el uso del euskera en la Administración del Estado y su presencia en el ámbito digital y audiovisual.

Críticas a EH Bildu

Críticas económicas

  • La vivienda: deuda y retracción del alquiler privado. El análisis publicado en Deia sobre el plan de vivienda de EH Bildu advierte del elevado endeudamiento público que requiere, de posibles reticencias del capital privado a inversiones largas de baja rentabilidad y de que las medidas fiscales y de control de rentas pueden contraer el mercado de alquiler privado.
  • Subidas salariales y de costes laborales. El Banco de España estimó que la subida del SMI de 2019 redujo el empleo de los trabajadores afectados entre 6 y 11 puntos. Fedea advierte de que encarecer el despido y reducir jornada sin ajuste salarial elevan los costes empresariales y pueden afectar al empleo.
  • Gravámenes sectoriales permanentes. Fedea considera que los gravámenes temporales a banca y energéticas funcionan más como multas sectoriales que como impuestos y que hacerlos permanentes puede trasladarse a clientes y desincentivar la inversión.

Críticas sociales

  • Pensiones: más gasto sin elevar edad ni cotización. Subir mínimas a 1.080 € y descartar cambios en edad o periodo de cotización aumenta el gasto en un sistema que la AIReF y la Comisión Europea ya proyectan con gasto creciente por el envejecimiento, trasladando el coste a cotizantes jóvenes o al déficit.
  • Romper la caja única de la Seguridad Social. Fedea recuerda que el TC (STC 124/1989 y 195/1996) limita el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, y que fragmentarlo debilitaría la solidaridad entre territorios; el País Vasco tiene un déficit contributivo de unos 4.000 M€ anuales.

Críticas culturales

  • El derecho a decidir y la soberanía nacional. La Constitución atribuye la soberanía al conjunto del pueblo español y el TC ha declarado que un 'derecho a decidir' que habilite la secesión requiere reforma constitucional; el reconocimiento de Euskal Herria como nación con derecho a decidir no cabe en el marco vigente.
  • El relato del 'conflicto político'. Asociaciones de víctimas del terrorismo, como Covite, critican que presentar la violencia de ETA como parte de un 'conflicto político' diluye la responsabilidad de la banda, y reprocharon a EH Bildu incluir en sus listas municipales de 2023 a condenados por pertenencia a ETA, algunos por delitos de sangre (estos últimos renunciaron después a ocupar el cargo).

Estado de derecho y derechos fundamentales

  • Condena del terrorismo y condenados en las listas. En las municipales de 2023 EH Bildu presentó a 44 personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA, siete de ellas por delitos de sangre. Esos siete renunciaron a ocupar el cargo tras la polémica. En 2024 su candidato a lehendakari se negó a calificar a ETA de organización terrorista. Es legal: cumplieron sus penas, la Fiscalía no vio motivo para impugnar las listas y el TC legalizó la coalición en 2011 por su rechazo de la violencia. Aun así, la Ley de Partidos usa la inclusión de condenados que no hayan rechazado públicamente el terrorismo como indicio en la valoración de un partido.