Programa electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Luis «Alvise» Pérez (cabeza de lista por Madrid).

Partido fundado por Alvise Pérez que obtuvo tres eurodiputados en 2024 y concurre al 29N con él como cabeza de lista por Madrid; no ha publicado programa nacional y sus propuestas proceden de discursos y programas autonómicos de 2026. Prioriza la lucha contra la corrupción, la rebaja de impuestos, la reducción del Estado, la seguridad y deportaciones de inmigrantes irregulares.

Propuestas de SALF

Vivienda

Declarar edificable todo el suelo salvo que existan razones objetivas en contra.
Cero impuestos en la compra de la primera vivienda y licencias rápidas.
Ley «antiokupación» con desalojo policial en 24 horas y deducción en el IRPF para los propietarios afectados.
Registro público de ocupantes ilegales y exclusión de los «okupas» de las ayudas sociales.
Rechazo a los topes de precio del alquiler.

Economía y fiscalidad

IRPF del 0 % para quienes ingresen menos de 35.000 euros al año.
Rebajar cinco puntos el IRPF por cada hijo a cargo.
Suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio.
Cuota cero a la Seguridad Social para nuevos autónomos durante tres años, financiada por la Administración.
Pago de la Administración a sus proveedores en menos de 30 días.
Proteger el dinero en efectivo a nivel constitucional y oponerse al euro digital.

Pensiones

Reformar el sistema de pensiones, al que califica de «estafa piramidal».

Sanidad

Plazo máximo de 30 días para consulta de especialista y 90 para cirugía programada, con conciertos con clínicas privadas sin coste para el paciente.
Crear una central única de compras sanitarias y una historia clínica electrónica única.
Reservar la atención sanitaria no urgente a españoles y residentes legales y facturar la de no asegurados a sus países de origen.
Retirar las operaciones de cambio de sexo de la cartera pública y reforzar la prevención del suicidio y las autolesiones.

Educación

Currículo escolar único para toda España.
Reválidas al final de Primaria y Secundaria, PIN parental y ley de autoridad del docente.
Ampliar los conciertos educativos, incluidos los centros de educación diferenciada.
Gratuidad de la educación de 0 a 3 años y más FP dual y educación especial.

Deuda y cuentas públicas

Reducir al menos un 70 % los altos cargos y asesores y fusionar departamentos considerados redundantes.
Eliminar las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y patronales.
Suprimir la publicidad institucional salvo campañas imprescindibles.
Vincular parte del sueldo de los gobernantes a no aumentar el déficit ni la deuda, y congelar los emolumentos de los cargos políticos.
Fijar límites a la presión fiscal y al endeudamiento autonómicos y no condonar deuda autonómica salvo catástrofe.
Reducir de forma significativa el tamaño del Estado y la burocracia.

Familia y demografía

Recuperar el cheque bebé: 2.500 euros por hijo y 3.500 desde el tercero.

Energía y clima

Paralizar el cierre de las centrales nucleares y apostar por los reactores modulares pequeños (SMR).
Limitar las nuevas renovables a zonas degradadas, polígonos y cubiertas industriales.

Inmigración

Plan de deportación masiva de inmigrantes irregulares financiado con fondos de cooperación internacional, empezando por Marruecos.
Prioridad para españoles y residentes legales en ayudas, vivienda protegida y plazas de guardería.

Justicia, instituciones y corrupción

Hacer imprescriptibles los delitos de corrupción.
Negar el tercer grado al condenado por corrupción que no devuelva lo robado y castigar también a quien se beneficie del dinero ilícito.
Premio del 10 % de lo recuperado, libre de impuestos, para quien denuncie corrupción y aporte pruebas.
Limitar a ocho años la permanencia en cargos públicos.
Reforma electoral para que el voto valga lo mismo en todas las provincias.
Auditar el patrimonio de los altos cargos y establecer control horario público de su actividad.

Igualdad y derechos sociales

Sustituir las políticas de género por políticas de natalidad y familia, con custodia compartida preferente.
Ayudas a madres jóvenes para evitar abortos por motivos económicos.

Seguridad y defensa

Macrocárcel de máxima seguridad para multirreincidentes inspirada en El Salvador, con trabajo obligatorio y sin permisos penitenciarios.
Más agentes y medios, 10.000 chalecos antibala y anticorte y subida de dietas para Policía Nacional y Guardia Civil.
Endurecer las penas por delitos de pederastia.

Europa, soberanía y exterior

Renegociar la relación de España con la UE y, si no hay mejoras, convocar un referéndum sobre la permanencia.
Oponerse a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Campo y mundo rural

Oposición al acuerdo UE-Mercosur y exigencia de cláusulas espejo.
Eliminar el cuaderno digital de explotación agraria y bonificar el gasóleo agrícola.

Cultura, lengua e identidad

Privatizar los medios públicos autonómicos, como Canal Sur, priorizando a compradores que mantengan la plantilla.
Limitar el poder de los medios de comunicación, a los que acusa de manipulación, y reforzar la libertad de expresión.

Críticas a SALF

Críticas económicas

Coste recaudatorio del IRPF cero hasta 35.000 euros. La mayor parte de los declarantes del IRPF tiene bases inferiores a 35.000 euros, por lo que la exención eliminaría una parte muy relevante de la recaudación del principal impuesto del Estado. SALF no ha presentado una estimación de coste ni de cómo se compensaría, y lo combina con la supresión de sucesiones y patrimonio.
Coste económico de una salida de la UE. La experiencia británica sugiere costes elevados: la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido estima que el acuerdo comercial post-Brexit reduce a largo plazo la productividad un 4 % y el comercio en torno a un 15 % respecto a la permanencia.
Deportaciones masivas y envejecimiento. Fedea estima que la inmigración mitigó cerca del 60 % del deterioro del dividendo demográfico entre 2000 y 2019 y que seguirá sosteniendo el crecimiento. Reducir drásticamente la población extranjera restaría mano de obra en un contexto de envejecimiento.

Críticas sociales

El modelo penitenciario de El Salvador. El sistema que SALF toma como referencia se apoya en un régimen de excepción con más de 81.000 detenidos, al que Human Rights Watch y la CIDH atribuyen detenciones arbitrarias masivas, tortura y muertes bajo custodia. Su encaje con las garantías procesales españolas y europeas es dudoso.
Desalojos en 24 horas e inviolabilidad del domicilio. La Constitución solo permite entrar en un domicilio con consentimiento, resolución judicial o en flagrante delito. Un desalojo policial automático en 24 horas sin intervención judicial chocaría con esta garantía y podría afectar también a inquilinos en conflicto contractual.
Prioridad nacional y residentes legales. La normativa europea obliga a tratar a los residentes de larga duración en igualdad con los nacionales en prestaciones sociales y vivienda. Dar prioridad por nacionalidad en ayudas y sanidad no urgente podría vulnerar esa igualdad y dejar sin atención a personas en situación administrativa irregular.

Críticas culturales

Recentralización educativa. Un currículo único para toda España exigiría vaciar competencias que los Estatutos atribuyen a las comunidades, incluidas las enseñanzas en lenguas cooficiales, lo que previsiblemente requeriría reformas estatutarias o constitucionales y generaría conflicto territorial.
Límites a los medios y pluralismo. Limitar el poder de los medios y privatizar las radiotelevisiones autonómicas, sin precisar con qué criterios, plantea dudas sobre el pluralismo informativo y la libertad de información protegidas por la Constitución.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Plan de deportación masiva. El CEDH prohíbe las expulsiones colectivas y exige examinar cada caso y respetar el principio de no devolución. Una deportación «masiva» por nacionalidad de origen no los cumple. Es el mismo test aplicado a Vox.
Prioridad en ayudas, vivienda y guarderías. Excluir a los inmigrantes en situación irregular de las plazas de guardería afecta al derecho a la educación, que el TC reconoce a los menores extranjeros sea cual sea su situación administrativa. Cualquier criterio que en la práctica perjudique a los residentes de larga duración choca con la igualdad de trato que exige el derecho de la UE. Al incluir a los residentes legales, no es una preferencia por nacionalidad como la de Vox.
Macrocárcel inspirada en El Salvador, sin permisos. Negar los permisos penitenciarios a toda una categoría de presos choca con el mandato de reeducación y reinserción y con la individualización penitenciaria del art. 25.2 CE. El modelo de referencia se apoya en un régimen de excepción al que organismos de derechos humanos atribuyen detenciones arbitrarias y malos tratos.
Registro público de «okupas». Publicar datos de personas por presuntas infracciones sin condena firme choca con la presunción de inocencia y con el régimen especial de los datos penales, que solo puede tratar la autoridad pública con garantías. Excluir a esas personas de ayudas sin resolución judicial agrava el problema.