Programa electoral de Podemos (PODEMOS) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Irene Montero.

Partido fundado en 2014 que concurre el 29N por separado del Frente Amplio, con Irene Montero como candidata (primarias de octubre de 2026), salvo en Canarias y la Comunitat Valenciana, donde va en coaliciones unitarias, y en Cataluña, donde coopera con ERC. Su lema es «Paz, casa, trabajo» y prioriza la intervención del mercado de la vivienda, subir salarios, defender los servicios públicos y oponerse al gasto militar.

Propuestas de PODEMOS

Vivienda

Bajar por ley un 40% los alquileres en contratos renovados o prorrogados y fijar los nuevos en el 60% del índice de referencia.
Prohibir los pisos turísticos y sancionar el fraude del alquiler de temporada.
Moratoria a la compra de vivienda que no sea para residir y exigir acreditar cuatro años de uso residencial antes de poder alquilarla.
Alquiler social obligatorio del 50% de las viviendas de grandes tenedores (75% en el caso de la Sareb).
Contratos de alquiler de 10 años de duración mínima (12 si el propietario es una empresa).
Impuesto de 20 puntos sobre la venta de viviendas compradas en los dos años anteriores.
Impuesto a las viviendas vacías y número máximo de viviendas por propietario.
Elevar el parque público de vivienda mediante compras masivas, sin desalojos sin alternativa habitacional.
Limitar durante un año las hipotecas variables a euríbor + 0,1%.

Empleo y salarios

Salario mínimo de 1.800 € al mes.
Reducir la jornada sin rebaja salarial con el objetivo de llegar a 30 horas semanales.
Limitar a 20 veces la diferencia entre el salario más alto y el más bajo de una empresa.

Economía y fiscalidad

Impuesto a los grandes patrimonios y tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades.
Gravamen del 50% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas del IBEX y tributos adicionales a banca y energéticas.
Igualar la tributación en el IRPF de las rentas del capital y del trabajo.
Impuestos al lujo (jets privados, yates, coches de alta cilindrada) y más personal en la Agencia Tributaria; no subir impuestos a trabajadores, autónomos ni pymes.
Intervenir los márgenes empresariales en la alimentación para bajar el coste de la vida.
Mantener los descuentos en el transporte público.

Pensiones

Que ninguna pensión, contributiva o no contributiva, sea inferior al salario mínimo.
Blindar el carácter público del sistema, revalorizar con el IPC e impedir la entrada de banca y fondos.
Subir y simplificar el Ingreso Mínimo Vital como paso hacia una renta básica incondicional.

Sanidad

Derogar la Ley 15/1997 y prohibir la gestión privada de la sanidad pública.
Financiación adicional para atención primaria, sanidad rural y reducción de listas de espera.
Crear una farmacéutica pública y fijar topes al precio de los medicamentos.
Cobertura pública del 100% de la atención bucodental, oftalmológica, auditiva y fisioterapia, y ley integral de salud mental.

Educación

Gratuidad de la educación de 0 a 18 años, incluidos libros, material, comedor y transporte.
Educación infantil de 0 a 3 años pública, universal y gratuita, y bajada de ratios.
Matrícula gratuita en la universidad pública, incluidos los másteres habilitantes.
Escuela pública laica, fin del Concordato y de los beneficios fiscales de la Iglesia.
Destinar a escuelas y universidades el dinero previsto para el aumento del gasto en defensa.

Familia y demografía

Incluir la lucha contra la despoblación en los fondos estructurales europeos y un plan contra la brecha territorial.

Energía y clima

Pagar cada MWh según su coste de producción (fin del precio marginalista) y factura eléctrica progresiva según consumo.
Crear una empresa pública de energía.
100% renovable en 2040, abandono de la energía nuclear y prohibición del fracking.
Ayudas para que las rentas bajas compren un coche eléctrico al precio de uno de gasolina.

Inmigración

Regularizar a quienes viven y trabajan en España y conceder la nacionalidad por carta de naturaleza con derecho a voto.
Derogar la Ley de Extranjería y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Derogar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y sustituir Frontex por una agencia pública de salvamento marítimo.
Vías legales y seguras de migración y solicitud de asilo en embajadas y consulados.

Justicia, instituciones y corrupción

Democratizar el poder judicial y cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial.
Limitar al 10% la participación de bancos, fondos y eléctricas en medios de comunicación y obligar a sus directivos a declarar bienes e intereses.
Derogar la ley mordaza y disolver empresas de desocupación como Desokupa.
Despenalizar y regular el cannabis.

Modelo territorial

República plurinacional y confederal que reconozca el derecho a decidir de los pueblos.
Reconocer una «ultraperiferia demográfica interior» con fiscalidad propia para zonas despobladas.

Igualdad y derechos sociales

Aplicar íntegramente la ley del «solo sí es sí» y contabilizar todos los feminicidios.
Reconocer la violencia vicaria y legislar bajo el principio de que un maltratador no puede ser un buen padre.
Garantizar el aborto en la sanidad pública e incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Mantener la ley trans, reconocer a las personas no binarias y prohibir las terapias de conversión.
Avanzar hacia la abolición de la prostitución sin sancionar a las mujeres y perseguir los vientres de alquiler.

Seguridad y defensa

No aumentar el gasto militar y cerrar las bases de Rota y Morón.
Prohibir los grupos neonazis y neofascistas y crear unidades policiales contra los delitos de odio.

Europa, soberanía y exterior

Salir de la OTAN lo antes posible (moción para un referéndum rechazada en abril de 2026).
Romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y embargo total de armas.
No enviar armas a Ucrania y defender una salida negociada a la guerra.
Firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Campo y mundo rural

Frenar la compra de tierras por fondos, retirar derechos de riego a fondos que califica de especulativos y avanzar hacia un modelo agroecológico.
Mantener la protección del lobo y ampliar la protección animal a los perros de caza.

Cultura, lengua e identidad

Introducir la memoria democrática en las aulas.

Críticas a PODEMOS

Críticas económicas

Rebaja del 40% del alquiler por ley y caída de oferta. La evidencia sobre controles estrictos de rentas (San Francisco, Berlín) muestra que benefician a los inquilinos actuales pero reducen la oferta de alquiler y desplazan viviendas a otros usos. Una rebaja obligatoria del 40% sobre contratos vigentes podría plantear además problemas de seguridad jurídica, y el propio Gobierno la consideró inviable por no ser competencia estatal.
SMI de 1.800 € y efecto en el empleo. Con un SMI de 1.221 € en 14 pagas en 2026, subir a 1.800 € supondría casi un 50% más, muy por encima del umbral del 60% del salario medio que el Comité Europeo de Derechos Sociales usa como referencia de salario equitativo. El Banco de España ha estimado efectos negativos de las subidas del SMI sobre el empleo de los grupos más vulnerables y de los territorios con salarios más bajos.
Pensiones mínimas iguales al SMI: coste sin cuantificar. Elevar todas las pensiones, incluidas las no contributivas (unos 8.800 € al año en 2026), al nivel del SMI multiplicaría su coste y rompería la relación entre cotizaciones y prestaciones. Podemos no ha estimado su coste, y la AIReF ya prevé un aumento del gasto en pensiones de varios puntos del PIB hasta 2050.
Precio de la luz según coste de cada tecnología. Pagar cada MWh a su coste de producción exige rediseñar el mercado mayorista único de la UE y, según los reguladores europeos (ACER), puede debilitar las señales de inversión en renovables y almacenamiento. El cierre nuclear en paralelo aumentaría las necesidades de respaldo.

Críticas sociales

Prohibir los pisos turísticos: efectos en el empleo local. Una prohibición general afectaría a rentas de pequeños propietarios y al empleo vinculado al turismo en zonas que dependen de él. Estudios sobre Barcelona y otras ciudades muestran que el alquiler turístico sí encarece el alquiler residencial, pero que su efecto global es moderado frente a factores de oferta y demanda.
Prohibir la gestión privada en sanidad y capacidad asistencial. Varias comunidades dependen de conciertos y concesiones para reducir listas de espera. Eliminarlos de golpe exigiría una capacidad pública que hoy no existe, con riesgo de alargar los tiempos de espera a corto plazo.
Nacionalidad por carta de naturaleza generalizada y derecho a voto. Conceder la nacionalidad por carta de naturaleza de forma generalizada desvirtuaría una vía que la ley reserva a circunstancias excepcionales y ataría el derecho de voto a decisiones discrecionales del Gobierno, según sus críticos.

Críticas culturales

Salir de la OTAN y cerrar bases. Abandonar la OTAN y cerrar Rota y Morón dejaría a España fuera del principal sistema de defensa colectiva de sus socios de la UE en un contexto de guerra en Ucrania; la mayoría de los españoles apoya la pertenencia a la Alianza según el Real Instituto Elcano. Las bases tienen además peso económico en sus comarcas.
República confederal y derecho a decidir. Una república confederal con derecho a decidir de los pueblos exige reformar los fundamentos de la Constitución (arts. 1 y 2) por el procedimiento agravado del art. 168, que requiere dos tercios de ambas cámaras, disolución y referéndum.
Fin del Concordato y laicidad estricta. Denunciar los acuerdos con la Santa Sede afectaría a la enseñanza concertada y a la financiación de entidades sociales ligadas a la Iglesia, y supone abrir un conflicto diplomático con un tratado internacional en vigor.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Disolver Desokupa y empresas similares. Una asociación solo puede disolverse por resolución judicial motivada (art. 22.4 CE), y una sociedad solo como pena impuesta por un juez a la persona jurídica tras un delito (art. 33.7 CP). Disolver por decisión política o por ley a una entidad concreta salta esas garantías. Las conductas delictivas, como las coacciones, ya pueden perseguirse por vía penal.
Prohibir grupos neonazis y neofascistas. La convención de la ONU contra la discriminación racial (ICERD, art. 4.b) obliga a declarar ilegales las organizaciones que promuevan la discriminación racial, y el TEDH avaló disolver una asociación racista paramilitar (Vona c. Hungría, 2013). Por eso la propuesta tiene base, siempre que se haga por vía judicial y por conductas, como ya prevé el art. 515.4 CP, y no por etiqueta ideológica. Es el mismo test aplicado a la propuesta de Vox de ilegalizar partidos.
Tope del 10% a bancos, fondos y eléctricas en medios. Exigir transparencia sobre la propiedad de los medios va en línea con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios. Un tope accionarial según la actividad del inversor afecta a la libertad de empresa y de información, y necesita una justificación de proporcionalidad que la propuesta no aporta.