Programa electoral de Partido Popular (PP) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Alberto Núñez Feijóo.

Partido de centroderecha presidido por Alberto Núñez Feijóo, primera fuerza en escaños en 2023 y en las encuestas para el 29N. Según su «Contrato con España» y sus planes sectoriales, sus prioridades son bajar impuestos, construir un millón de viviendas, ordenar la inmigración, revalorizar las pensiones con el IPC y reformar las instituciones, empezando por el CGPJ.

Propuestas de PP

Vivienda

Construir al menos un millón de viviendas nuevas en cuatro años (unas 250.000 al año), con prioridad para los jóvenes en alquiler y compra.
Poner a la venta todo el suelo público disponible, con viviendas hasta un 30% por debajo del precio de mercado.
Licencias por silencio administrativo positivo si el ayuntamiento no responde en 90 días.
Reducir a cuatro años la tramitación del planeamiento urbanístico y aprobar una nueva Ley del Suelo.
Aval público de hasta el 100% del precio para que los jóvenes compren su primera vivienda.
Bajar el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4% y reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra.
Ayuda económica a la emancipación juvenil, que el partido presenta como «la mayor de la historia».
Eliminar la declaración de zonas tensionadas y sus topes al precio del alquiler.
Ley para desalojar en un plazo de 48 horas a quienes ocupen ilegalmente una vivienda («okupas»).

Empleo y salarios

Subir el salario medio usando la productividad como palanca principal.
Autónomos: tarifa cero para nuevos, pasar de cuatro declaraciones trimestrales a una o dos y un año sin cotizar al contratar al primer empleado.
Medidas contra el absentismo laboral, incluida la capacidad de las mutuas para dar el alta en determinadas bajas y más inspectores médicos del INSS.
Reducir a la mitad en una legislatura la brecha de participación de las mujeres en el mercado laboral.
Vincular el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda activa de empleo.

Economía y fiscalidad

Rebajar los impuestos y revisar una a una las que cifra en más de cien subidas fiscales aprobadas en los últimos años.
IVA del 0% para alimentos básicos: leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservas.
Bajar el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10%.
Deflactar la tarifa del IRPF para compensar el efecto de la inflación.
Eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 € al año.
Por cada nueva norma, derogar tres; cerrar un inventario de trámites estatales innecesarios y ampliar el silencio administrativo positivo.
Rebajar la tarifa del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 € anuales.
Suprimir el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Plan de 300.000 M€ en infraestructuras mediante colaboración público-privada.

Pensiones

Revalorizar todas las pensiones cada año según el IPC.
Ley para garantizar la actualización de las pensiones aunque se prorroguen los Presupuestos.
Garantizar un sistema público de pensiones sostenible para los jóvenes dentro del Pacto de Toledo.

Sanidad

Incorporar más médicos al sistema público y mejorar sus condiciones laborales y retributivas.
Aumentar las plantillas en torno a un 15% para cubrir el déficit de unos 4.500 especialistas en Atención Primaria.
Nuevo modelo de planificación de profesionales en los primeros 100 días y oferta MIR creciente, con prioridad para Familia y Pediatría.
Guardias médicas mejor pagadas y más cortas, y equiparación progresiva del pago de las horas extra.
Salud mental: 10.000 profesionales más y un plan nacional de prevención del suicidio.
Crear una Agencia Estatal de Salud Pública.
Tarjeta sanitaria única y válida en toda España e historia clínica electrónica común.

Educación

Sustituir la LOMLOE por una nueva ley educativa pactada y derogar los currículos vigentes.
Retirar pantallas y dispositivos individuales de las aulas, al menos hasta Secundaria.
Cerrar en diez años la brecha con la media de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora.
Prueba de acceso a la universidad (EBAU) común en toda España.
Educación más exigente y refuerzo de la autoridad del profesorado.

Deuda y cuentas públicas

Reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores.
Auditar el gasto público «euro a euro».
Presentar Presupuestos cada año y convocar elecciones si un Gobierno acumula más de una prórroga.

Familia y demografía

Duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF: de 2.400 a 4.800 € el primer hijo, de 2.700 a 5.400 € el segundo, de 4.000 a 8.000 € el tercero y de 4.500 a 9.000 € los siguientes.
Duplicar el incremento por hijo menor de tres años, de 2.800 a 5.600 €.
Escuela de 0 a 3 años gratuita y ayudas para el cuidado de los hijos en casa.
Ayudas para la congelación de óvulos.
Bonificar las cotizaciones durante los permisos por nacimiento.

Energía y clima

Cancelar el calendario de cierre de las centrales nucleares y garantizar que sigan operando más allá de 2030.
Suprimir el impuesto a la generación eléctrica.
Plan de choque para desbloquear el acceso a la red eléctrica de instalaciones paradas.
Plan Nacional del Agua pactado con las CCAA: 100.000 M€ hasta 2035 en infraestructuras hídricas contra inundaciones y sequías.
Agilizar los permisos para instalaciones renovables.

Inmigración

Visado por puntos que valore formación, experiencia, idioma e integración, con contrato en origen o visado temporal para buscar empleo.
Cuotas anuales por país y sector, solo para países que colaboren en repatriaciones.
Fin de las regularizaciones generalizadas y prohibirlas por ley.
Arraigo y reagrupación familiar con carácter excepcional y requisitos económicos más exigentes.
Ayudas no urgentes solo con residencia legal acreditada; el padrón, solo para fines estadísticos.
Expulsión ante condenas por delitos graves o reincidencia, pérdida automática de la residencia y más tiempo máximo en los CIE.
Exigir nivel B2 de español y una prueba reforzada de conocimientos para obtener la nacionalidad.
Pruebas de edad a menores no acompañados en 72 horas y nuevo delito de fraude de edad o nacionalidad.
Nueva Ley de Extranjería para devolver de inmediato a quien entre de forma irregular.

Justicia, instituciones y corrupción

Que los jueces elijan a los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
Cinco años sin cargo político para entrar en el CGPJ o el Constitucional; dos años de espera para que jueces y fiscales que hayan sido políticos vuelvan a juzgar.
Impedir que el Tribunal Constitucional actúe como tribunal de casación del Supremo.
Cese automático del fiscal general del Estado si es procesado.
Prohibir indultos por terrorismo, corrupción, delitos contra la integridad territorial o contra menores; indultar a un cargo político exigiría dos tercios del Congreso.
Derogar la Ley de Amnistía.
Recuperar el delito de sedición y tipificar la convocatoria de referéndum ilegal.
Exigir responsabilidad política a los cargos por la corrupción de sus subordinados.

Modelo territorial

Nuevo sistema de financiación autonómica acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la AIReF y sin acuerdos bilaterales.
Derecho de veto del Senado en leyes que afecten a las comunidades y comparecencia mensual del presidente en el Senado.
Plan para recuperar el ferrocarril como servicio de referencia nacional.

Igualdad y derechos sociales

Penas más duras por violencia machista y prisión permanente revisable para reincidentes.
Ley contra la violencia vicaria, reforma de los delitos sexuales y refuerzo contra la trata.
Derogar la Ley Trans y retrasar cualquier tratamiento de cambio de sexo en menores.
Que el sexo biológico determine las categorías en las competiciones deportivas femeninas.

Seguridad y defensa

Más recursos económicos y materiales para Policía Nacional y Guardia Civil.
Ley contra la multirreincidencia que trate el hurto continuado como robo.
Recuperar el OCON-Sur, medios no letales contra narcolanchas y estudiar llevar el crimen organizado grave a la Audiencia Nacional.
Desplegar el Ejército en la frontera si Marruecos no frena la presión migratoria.
Elevar las Fuerzas Armadas hasta 140.000 efectivos en dos legislaturas.
Cumplir los compromisos de inversión en defensa con la OTAN con el aval del Congreso, sin fijar porcentaje del PIB.

Europa, soberanía y exterior

Informar a las Cortes de los compromisos con Marruecos, Venezuela y China.
Defender la soberanía sobre Gibraltar; cualquier acuerdo deberá pasar por las Cortes.
Apoyar el acuerdo UE-Mercosur y un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Solución de dos Estados para Israel y Palestina, negociada sin Hamás.

Campo y mundo rural

Reducir el gasto en fertilizantes y combustible de agricultores, ganaderos y pescadores hasta el máximo que permita la UE.
Ley de desarrollo rural y fiscalidad específica para el medio rural como proyecto piloto.

Ciencia, tecnología e innovación

Robotización de la Administración y refuerzo de la ciberseguridad.
Proteger a los menores del acceso a las redes sociales.

Cultura, lengua e identidad

Garantizar la enseñanza en castellano en toda España, junto a las lenguas cooficiales en sus territorios.
Usar solo el español en el Congreso y reservar las lenguas cooficiales para el Senado.
Derogar la Ley de Memoria Democrática.
Defender la tauromaquia como expresión cultural.

Críticas a PP

Críticas económicas

Rebajas de IVA generalizadas y poco focalizadas. Un estudio de Fedea sobre la rebaja del IVA de alimentos concluye que, en euros, la mitad del ahorro fiscal va al 40% de hogares con más renta y su efecto redistributivo es pequeño. Otro análisis de Fedea sobre las rebajas fiscales energéticas recomienda sustituirlas por transferencias directas a hogares vulnerables, porque no focalizan la ayuda y distorsionan la señal de precios.
Bajadas de impuestos sin cuantificar ni financiar. El PP no ha cifrado el coste de sus rebajas (IVA, IRPF, vivienda, autónomos) ni cómo se compensarían. Funcas prevé un déficit del 2,5–2,9% del PIB entre 2026 y 2028, deuda cercana al 98% y un aumento de unos 20.000 M€ en el pago de intereses hasta 2031, lo que reduce el margen para recortar ingresos.
Ayudas a la compra con oferta rígida. Avales del 100%, IVA del 4% y menos ITP aumentan la capacidad de compra; si la oferta no responde a corto plazo, parte de la ayuda puede trasladarse al precio. Funcas advierte de que las ayudas a la demanda dan alivio inmediato a costa de distorsiones a largo plazo, y el Banco de España describe una oferta muy rígida.
Objetivo de construcción por encima de la capacidad actual. El Banco de España sitúa las viviendas terminadas en unas 90.000 al año desde 2021. Pasar a 250.000 anuales exigiría casi triplicar la producción, con un sector que ya arrastra escasez de suelo finalista, de mano de obra y de plazos administrativos ágiles.
Pensiones al IPC sin medidas de gasto concretas. Fedea proyecta que, con la reforma de 2021-23 y la revalorización con el IPC, el gasto en pensiones superará el 18% del PIB hacia 2050 y recomienda contener el gasto también en las revalorizaciones. El PP garantiza el IPC sin explicar con qué ingresos o ajustes cubriría ese gasto, a la vez que promete bajar impuestos.

Críticas sociales

Retirar los topes al alquiler deja sin protección a corto plazo. Las medidas de oferta del PP tardarían años en notarse, y eliminar las zonas tensionadas quita la protección de precios a los inquilinos actuales. Según Fedea, los hogares de alquiler dedican de media el 33,5% de su renta a la vivienda, y el quintil de menos ingresos el 36,2%.
Deducciones por hijo que no llegan a los hogares más pobres. Duplicar el mínimo por descendientes solo beneficia a quien tiene cuota de IRPF suficiente. Fedea calcula que el 28,3% de los menores vive bajo el umbral de pobreza, con más riesgo en hogares jóvenes y monoparentales, y recomienda completar las ayudas universales con medidas focalizadas.
Restricciones migratorias y necesidades del mercado laboral. Ligar las cuotas a la cooperación del país de origen, prohibir regularizaciones y dejar las ayudas no urgentes solo para residentes legales puede dejar en la irregularidad a personas que ya trabajan en España. Fedea estima que entre 2000 y 2019 la inmigración compensó cerca del 60% del deterioro demográfico y que en 2020-2024 sumó empleo.
Altas médicas por las mutuas. Los sindicatos rechazan que las mutuas, entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social, puedan dar altas en bajas comunes. Hoy esa decisión corresponde al médico del servicio público de salud, y temen que se primen criterios de coste sobre los clínicos.

Críticas culturales

Derogar la Ley de Memoria Democrática. En 2024, tres relatores de la ONU escribieron al Gobierno para criticar las «leyes de concordia» que gobiernos autonómicos del PP con Vox impulsaron para sustituir esa ley, y recordaron el deber del Estado con las víctimas de desapariciones forzadas. Derogar la norma estatal plantearía un conflicto parecido con esos estándares internacionales.
Lenguas cooficiales y modelo educativo. Los partidos de ámbito autonómico y los gobiernos con lengua propia sostienen que quitar las lenguas cooficiales del Congreso y garantizar la escolarización en castellano en todas las etapas pone en riesgo los modelos de inmersión o normalización lingüística. Para ellos, estos modelos protegen lenguas en minoría dentro del marco del artículo 3 de la Constitución.
Derogar la Ley Trans y restringir tratamientos a menores. Las organizaciones LGTBI sostienen que derogar la Ley Trans y retrasar los tratamientos a menores supone un retroceso en derechos reconocidos en 2023. A su juicio, la decisión clínica debe tomarse caso a caso y no fijarse por ley.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Cinco años de bloqueo del CGPJ (2018-2024). El CGPJ funcionó en funciones desde diciembre de 2018 hasta la renovación pactada en junio de 2024, y la negativa del PP a acordar su renovación fue determinante. Los Informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea recomendaron año tras año renovarlo con prioridad y, después, reformar el sistema de elección. Su propuesta actual (pp-ins-01) sí se alinea con el estándar europeo (ver avales).
Devolución «inmediata» de quien entre de forma irregular. Una devolución inmediata y generalizada choca con la prohibición de expulsiones colectivas y con el principio de no devolución si no hay examen individual. El TC solo admite el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla si hay acceso real a vías legales de protección, se respeta la no devolución y se atiende a las personas vulnerables, y el TEDH exige lo mismo.
Acceso a ayudas: arraigo de diez años y padrón solo estadístico. Los pactos autonómicos PP-Vox de 2026 (Extremadura, Aragón) exigen diez años de empadronamiento para comprar vivienda pública, y el TJUE ha declarado que un requisito de diez años de residencia discrimina de forma indirecta a los residentes de larga duración. Quitar efectos al padrón choca con la obligación legal de empadronarse de todo residente y con su función de puerta a servicios. Un dato a su favor: a diferencia de Vox, el PP no distingue por nacionalidad.
Leyes de «concordia» y derogación de la Ley de Memoria Democrática. Tres procedimientos especiales de la ONU (el relator sobre verdad, justicia y reparación, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales) advirtieron en 2024 de que las leyes de concordia de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que promovieron PP y Vox, podían limitar el derecho a la verdad, la reparación y el asociacionismo memorialista. El Gobierno de Aragón rechazó ese análisis.
Responsabilidad civil del partido en el caso Gürtel. En 2020 el Tribunal Supremo confirmó que el PP se lucró con la trama Gürtel y lo condenó, como partícipe a título lucrativo, a pagar 245.492 euros. Es una responsabilidad civil, no penal, pero muestra fallos de control interno sobre la financiación de actos del partido.