Programa electoral de Democracia para el Siglo 21 (D21) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Miriam González Durántez (presidenta de Democracia 21; candidata a la presidencia y cabeza de lista).

Coalición de Democracia 21, el partido liberal y proeuropeo fundado en 2026 por la abogada Miriam González Durántez, con Ciudadanos y UCIN, que solo se presenta en Madrid y Barcelona. Prioriza la regeneración institucional («limpieza política radical»), la lucha contra la corrupción y un plan nacional de vivienda.

Propuestas de D21

Vivienda

Plan Nacional de Construcción de Barrios pactado entre partidos, con diez años de seguridad jurídica para promotores y administraciones.
Eliminar todos los impuestos ligados a la vivienda para los menores de 35 años mientras no se garantice el acceso a alquileres asequibles.
Objetivo: que quien gane 1.300 euros al mes no pague más de 350 en vivienda.
Pedir a Sánchez y Feijóo que viajen juntos a Bruselas para destinar los fondos Next Generation sin ejecutar a un fondo de vivienda protegida y asequible.
Simplificar los permisos de construcción, que según el partido tardan casi tres años.

Empleo y salarios

Subidas salariales «sostenibles»: «subir salarios hasta que lo note tu bolsillo».

Economía y fiscalidad

Facilitar el emprendimiento, reducir obligaciones a autónomos y pymes y eliminar normas obsoletas; que los impuestos solo financien buenos servicios públicos.

Educación

Educación que apoye a quien se queda atrás sin frenar al resto, con más apoyo al profesorado; grados universitarios más flexibles y con más prácticas.

Deuda y cuentas públicas

Suspender el sueldo de los miembros del Gobierno si no presenta Presupuestos y que el Gobierno cese tras un año sin ellos.
Evaluar públicamente la eficacia y el coste de todos los programas de gasto y reforzar la Intervención General con cruce de datos e IA, con interventor nombrado por seis años.

Inmigración

Que el Estado controle la inmigración: «nosotros decidimos quién entra, cómo entra, cuándo entra», con llegada regulada de trabajadores.
Considerar la inmigración un activo económico y social y rechazar los discursos xenófobos.

Justicia, instituciones y corrupción

Reducir un 90 % los asesores políticos, «de golpe».
Publicar nombres, funciones y sueldos de los asesores de todas las administraciones y revisar en seis meses todos los nombramientos de libre designación.
Nombrar por mérito y capacidad a todos los cargos de la Administración y de las empresas públicas.
Tipificar como delito el «enchufismo» ampliando el art. 405 del Código Penal.
Castigar penalmente al cargo público que conozca un caso de corrupción o de manipulación de contratos y no lo denuncie.
Que los delitos de corrupción no prescriban.
Inhabilitación de por vida para los condenados en firme por corrupción, malversación o tráfico de influencias: «quien robe a lo público no volverá nunca a lo público».
Crear juzgados especializados contra la corrupción, según el modelo de los de violencia de género, y reglas procesales contra las dilaciones.
Duplicar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, con urbanistas, auditores forenses y analistas de datos.
Controlar con inteligencia artificial toda la contratación pública, incluidos los contratos menores.
Suprimir los aforamientos, incluidos los de diputados y senadores mediante reforma constitucional; los del Gobierno, solo para actos del cargo.
Que los jueces elijan directamente a los vocales judiciales del CGPJ, sin intervención de las asociaciones judiciales.
Fiscal general elegido por el Gobierno de una terna aprobada por tres quintos del Congreso, con un mandato que no coincida con la legislatura.
Cubrir por sorteo entre candidatos elegibles los nombramientos de órganos independientes bloqueados más de tres meses.
Vetar en órganos independientes a quien haya tenido carrera política en los diez años previos (veinte para jueces y fiscales).
Juzgar la corrupción de políticos autonómicos en el tribunal de una comunidad limítrofe.
Limitar a dos los mandatos.
Acabar con las subvenciones a partidos y fundaciones y con los «impuestos revolucionarios» de los partidos a sus cargos.
Obligar a los parlamentarios a volver a su circunscripción al menos una vez cada dos semanas y hacer obligatoria la escucha pública.

Europa, soberanía y exterior

«Construir la Unión Europea del siglo 21»: proyecto liberal, proeuropeo y reformista.

Críticas a D21

Críticas económicas

Eliminar impuestos a la vivienda para menores de 35. Con una oferta de vivienda rígida, las ayudas y rebajas fiscales a la compra tienden a trasladarse al precio y a beneficiar en parte al vendedor, según la evidencia que recoge Funcas. La medida tampoco cuantifica cuánto dejarían de ingresar las comunidades autónomas, titulares de los impuestos sobre transmisiones.
Programa sin cifras en las grandes partidas. Las propuestas se centran en regeneración institucional; no hay medidas sobre pensiones, financiación autonómica, energía ni una estimación del efecto de su rebaja de la presión fiscal. El ahorro de recortar asesores es pequeño frente al gasto público total, y el agregador que recopila sus posiciones marca como «sin propuesta» varias de esas áreas.

Críticas sociales

Inmigración: principios sin instrumentos. Combina el control de entradas con una visión de la inmigración como activo, pero no concreta qué haría con la regularización, los menores no acompañados, Ceuta y Melilla o el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que son las decisiones que afectan a los derechos de las personas migrantes.
Sanidad, pensiones e igualdad, solo como epígrafes. Los apartados de sanidad, familia y bienestar figuran como títulos en su web, sin medidas concretas sobre listas de espera, revalorización de pensiones o dependencia, que son las que más afectan a los hogares.

Críticas culturales

Sin posición sobre el modelo territorial. Concurre en Madrid y Barcelona sin fijar posición sobre financiación singular de Cataluña, amnistía, lenguas o reparto de competencias, debates centrales en una de sus dos circunscripciones. Su único criterio declarado es exigir el respeto a la Constitución para pactar.
Vetos largos a excargos políticos. Vetar durante diez o veinte años a quien haya tenido carrera política reduce la influencia partidista en los órganos de control, pero también excluye perfiles con experiencia de gestión pública y puede trasladar la idea de que toda actividad política es sospechosa.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Inhabilitación perpetua e imprescriptibilidad de la corrupción. Perseguir la corrupción es legítimo, pero una inhabilitación de por vida para todos los condenados choca con el mandato de reinserción y con la proporcionalidad de las penas, y la imprescriptibilidad se reserva hoy a los delitos más graves (lesa humanidad, terrorismo con muerte). Es el mismo test aplicado a la inhabilitación perpetua que propone UPN.
Cese automático del Gobierno, sorteos y vetos de acceso. La Constitución prevé la prórroga automática de los Presupuestos y fija cómo se eligen el CGPJ y el TC, así que el cese del Gobierno tras un año sin Presupuestos y el sorteo de vacantes en esos órganos exigirían reforma constitucional. Los vetos de diez o veinte años a excargos limitan el acceso a funciones públicas y necesitan justificar su proporcionalidad.
Juzgar en el tribunal de otra comunidad. Atribuir por ley a un tribunal de una comunidad limítrofe los casos de corrupción autonómica es posible si la regla es general y previa, pero choca con la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad y debe respetar el derecho al juez predeterminado por la ley.