Programa electoral de Adelante Andalucía (AA) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Sin candidato a la Presidencia; cabezas de lista provinciales, entre ellos Luis de los Santos (Sevilla) y María Sánchez (Cádiz). Portavoz: José Ignacio García.

Partido andalucista de izquierdas que obtuvo 8 escaños en las andaluzas de mayo de 2026 y concurre por primera vez en solitario al Congreso en las ocho provincias andaluzas con militantes de base como cabezas de lista. No ha publicado programa para el 29N; su programa autonómico de 2026 y el de 2023 priorizan la vivienda (topes al alquiler, desprivatización), la financiación de Andalucía y los servicios públicos.

Propuestas de AA

Vivienda

  • Limitar por ley el alquiler a un máximo del 20 % del salario medio de cada zona.
  • Expropiar el uso de viviendas vacías de grandes propietarios, bancos y fondos para alquilarlas a un máximo del 20 % de la renta del hogar.
  • Incorporar el 100 % de los inmuebles de la Sareb al parque público de alquiler.
  • Obligar a que el 50 % de las viviendas de nuevas promociones privadas sean protegidas y reformar el modelo de VPO para hacerlo accesible.

Empleo y salarios

  • Semana laboral de 32 horas sin reducción de sueldo.
  • Plan de calidad del empleo en hostelería y turismo y más inspección en la subcontratación naval.

Economía y fiscalidad

  • Que las grandes empresas tributen en Andalucía en proporción a su facturación andaluza.
  • Impuesto a grandes fortunas y grandes propiedades inmobiliarias y agrícolas.
  • Crear una tasa turística.
  • Crear una banca pública andaluza y una empresa pública de energía renovable.
  • Red de supermercados públicos frente a la subida de precios de los alimentos.
  • Plan de protección a autónomos con vacaciones, permisos, ventanilla única y un marketplace andaluz.
  • Plan de industrialización ecosocialista en las comarcas con más paro y revertir el cierre de Airbus en Puerto Real.
  • Nuevo modelo turístico con reparto de beneficios, cooperativas turísticas y vacaciones subvencionadas.

Pensiones

  • Fijar la edad de jubilación en 62 años.

Sanidad

  • Eliminar los conciertos y externalizaciones sanitarias y destinar el 100 % del presupuesto a la sanidad pública.
  • Atención primaria con un mínimo de 10 minutos por consulta, máximo de 1.500 pacientes por profesional y cita en 48 horas.
  • Impuesto de retorno sanitario sobre el beneficio de la sanidad privada.
  • Incluir salud visual, dental, podología y nutrición en la sanidad pública, y tratamiento del cáncer en 21 días desde su detección.

Educación

  • Financiación de las universidades públicas y prohibición de nuevas universidades privadas.
  • Blindar la FP pública y paralizar nuevas plazas de FP privada.
  • Comedores escolares públicos con cocina propia y enfermería escolar presencial en cada centro.

Deuda y cuentas públicas

  • Auditoría de la deuda andaluza para identificar la parte considerada ilegítima.

Familia y demografía

  • Plan de retorno para andaluces emigrados con subvención del 50 % en los billetes de transporte.
  • Suelo del 1 % del presupuesto para políticas de juventud.

Energía y clima

  • Planificación democrática de las renovables y transformación local de minerales para abandonar el modelo extractivo.

Inmigración

  • Rechazar que se culpe a inmigrantes y pobres del malestar social y dirigir la crítica hacia los poderosos.

Justicia, instituciones y corrupción

  • Ley contra los «privilegios políticos» con limitación de mandatos, transparencia salarial y justificación de dietas.
  • Prohibir la contratación de publicidad institucional con medios que difundan desinformación.
  • Acabar con lo que califica de privilegios de la jerarquía de la Iglesia católica.

Modelo territorial

  • Reformar la financiación autonómica por infrafinanciación de Andalucía, rechazando el principio de ordinalidad.
  • Más inversión estatal en Andalucía y cumplimiento de lo presupuestado, frente a una ejecución que cifra en el 42 %.
  • Reclamar las competencias ferroviarias del Estatuto y tren para localidades de más de 20.000 habitantes.
  • Voz andalucista propia en el Congreso con candidaturas en solitario en las ocho provincias.

Igualdad y derechos sociales

  • Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y retirar fondos a organizaciones contrarias a los derechos reproductivos.
  • Plan para eliminar la LGTBIfobia y crear un departamento de Feminismos.
  • Recuperar como servicios públicos los externalizados (112, 061, ayuda a domicilio) y valorar la dependencia en un máximo de 150 días.

Campo y mundo rural

  • Ley de soberanía alimentaria con expropiación de tierras de grandes terratenientes y fondos.
  • Limitar lo que considera abusos de la gran distribución y favorecer a pequeños agricultores frente a grandes propietarios y fondos.

Cultura, lengua e identidad

  • Recuperar la RTVA con estabilidad laboral e independencia editorial.
  • Reclamar la devolución de obras de arte andaluzas fuera de Andalucía, red de salas de conciertos y escuela pública de cine andaluz.

Críticas a AA

Críticas económicas

  • Topes al alquiler y caída de la oferta. Un balance empírico de Fedea sobre la Ley de Vivienda en Cataluña encuentra que los topes moderaron las subidas pero redujeron la oferta de alquiler más de un 20 % y multiplicaron la competencia por cada vivienda, perjudicando a quienes buscan piso. Un tope del 20 % del salario medio sería aún más restrictivo.
  • Jubilación a los 62 años. Fedea calcula que el sistema ya promete pensiones que superan en torno a un 25 % a las cotizaciones en valor presente; adelantar la edad ordinaria cinco años elevaría mucho el gasto y reduciría la población ocupada en pleno envejecimiento.
  • Reducción de jornada por ley. Conde-Ruiz y Lahera advierten de que reducir la jornada por ley sin ajuste salarial encarece los costes laborales unitarios; una semana de 32 horas supondría un recorte de cerca del 20 % frente a las 40 horas, en una región con alta proporción de pymes y empleo en servicios.

Críticas sociales

  • Expropiaciones y seguridad jurídica. La expropiación del uso de viviendas y tierras exige indemnización conforme al art. 33 de la Constitución; el programa no cuantifica ese coste y la incertidumbre regulatoria puede retraer la inversión en vivienda en alquiler, como advierte el Banco de España.
  • Fin de los conciertos sanitarios. Suprimir de golpe los conciertos y externalizaciones obligaría a la red pública a absorber pruebas, cirugías y servicios hoy derivados, con riesgo de alargar listas de espera mientras se dota de personal e infraestructura.

Críticas culturales

  • Prohibir universidades y FP privadas. Prohibir nuevas universidades y plazas de FP privadas choca con la libertad de creación de centros docentes del art. 27.6 de la Constitución y limitaría la oferta en titulaciones con alta demanda insatisfecha en la red pública.
  • Publicidad institucional y desinformación. Excluir de la publicidad institucional a medios que «difundan desinformación» requiere un órgano que decida qué es desinformación, lo que plantea riesgos de discrecionalidad y de condicionar la línea editorial.

Estado de derecho y derechos fundamentales

  • Fondos públicos condicionados a la línea editorial o ideológica. Prohibir la publicidad institucional en medios «que difundan desinformación», sin un órgano independiente ni criterios tasados, da a la Administración un poder de premio o castigo sobre la prensa. El derecho europeo exige que esa publicidad se reparta con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Retirar fondos a organizaciones por su postura sobre los derechos reproductivos plantea el mismo problema de discriminación por opinión.