Programa electoral de Junts per Catalunya (Junts) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Míriam Nogueras (cabeza de lista por Barcelona).

Partido independentista catalán presidido por Carles Puigdemont que apoyó la investidura de Sánchez en 2023 y rompió con el PSOE en octubre de 2025 alegando incumplimientos. Prioriza la autodeterminación, la amnistía, un concierto económico, las competencias de inmigración, la oficialidad del catalán en la UE y medidas contra la okupación y la multirreincidencia.

Propuestas de Junts

Vivienda

Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar en 48 horas a ocupantes de viviendas que no acrediten título legítimo.
Permitir a las comunidades de propietarios actuar contra pisos ocupados que causen problemas de convivencia, y sancionar a grandes tenedores que no actúen.
Votó en contra de los decretos de vivienda de 2026 (prórroga de alquileres, suspensión de desahucios) y pidió negociar otro texto.

Empleo y salarios

Votó en contra de la reducción de la jornada a 37,5 horas por falta de diálogo social y su impacto en pymes; pide una propuesta 'gradual y equilibrada'.
Que las reformas laborales se elaboren con los agentes económicos y sociales catalanes.

Economía y fiscalidad

Eliminar el impuesto de sucesiones.
Reducir la cuota de cotización de los trabajadores autónomos.
Bajar impuestos para 'dar aire a la gente'.
Plan para facilitar el retorno a Cataluña de las sedes sociales de empresas que se trasladaron en 2017.

Inmigración

Delegación 'integral' a la Generalitat de las competencias de inmigración mediante ley orgánica (art. 150.2 CE).
Que la Generalitat gestione los permisos de residencia y el NIE y que los Mossos estén presentes en la frontera.
Que el conocimiento del catalán sea indispensable para el informe favorable de renovación de la residencia.
Replantear de forma integral los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Justicia, instituciones y corrupción

Ley de amnistía para los encausados por el procés, incluida su aplicación completa a Carles Puigdemont.
Defender a los dirigentes del procés que residen fuera de España, a los que llama «exiliados», y su retorno libre.
Que la Fiscalía actúe contra los jueces que se niegan a aplicar la ley de amnistía.
Descarta formar parte o apoyar un Gobierno del PP con Vox tras el 29N.

Modelo territorial

No investir a ningún presidente del Gobierno que no reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la amnistía.
La independencia de Cataluña como objetivo fundacional del partido.
Concierto económico para Cataluña: cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña.
Rechazó el nuevo modelo de financiación autonómica de 2026 por no ser singular ni garantizar la ordinalidad.
Usar los unos 20.000 M€ anuales de déficit fiscal que estima para Cataluña para aumentar un 50% el presupuesto de la Generalitat.
Reconocimiento nacional de Cataluña y corrección de los 'déficits de autogobierno', según el acuerdo de investidura de 2023.
Defender en el Congreso 'el bloque Cataluña' y no regalar votos: cualquier apoyo a un Gobierno, a cambio de contrapartidas previas.
Exigir al Estado que cumpla sus compromisos de inversión en Lleida, Alt Pirineu i Aran, Girona y el Camp de Tarragona.
Recuperación de competencias para la Generalitat, como la de los secretarios-interventores municipales y la economía social.

Seguridad y defensa

Ley contra la multirreincidencia: juicios más rápidos, penas más duras (p. ej. hurto de móviles) y más recursos para los ayuntamientos.

Europa, soberanía y exterior

Mayor participación de Cataluña en las instituciones europeas.
Recurrir la decisión del Tribunal General de la UE de levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Campo y mundo rural

Priorizar a agricultores y ganaderos frente a las eléctricas en la gestión del agua durante la sequía.

Cultura, lengua e identidad

Oficialidad del catalán en la Unión Europea.
Defensa de la lengua catalana frente a los retrocesos en competencias y uso.

Críticas a Junts

Críticas económicas

Un concierto catalán no es neutral para el resto. Fedea calcula que un concierto catalán reduciría la aportación de Cataluña a la caja común entre un 30% y un 60% de su déficit fiscal estimado, una transferencia neta de 6.600-13.200 M€ anuales que habría que cubrir con más impuestos estatales o menos financiación para las demás comunidades.
Bajar impuestos sin decir cómo se compensa. Suprimir sucesiones y bajar impuestos reduce ingresos en un contexto de déficit y deuda elevados. La OCDE señala que el impuesto de sucesiones, bien diseñado, es de los menos distorsionadores y ayuda a reducir la desigualdad de riqueza.
Rechazar el modelo deja recursos sin ejecutar. ERC advirtió que si el nuevo modelo de financiación decae en el Congreso, los 4.700 M€ adicionales previstos para Cataluña no llegarán; la posición de Junts arriesga recursos sin una alternativa con mayoría.

Críticas sociales

Los sindicatos critican el veto a la reducción de jornada. UGT y CCOO sostienen que la jornada de 37,5 horas sin rebaja salarial mejoraría la conciliación y el reparto de la productividad, y que el veto de Junts, PP y Vox frenó esa mejora; el líder de UGT advirtió de que en Cataluña 'no se entenderá' el rechazo.
Ligar residencia y lengua puede dificultar la integración. Podemos votó en contra de la ley de delegación al considerarla racista. Sus críticos sostienen que condicionar la renovación de la residencia al catalán añade un requisito inexistente en el resto de España y puede dejar en situación irregular a personas ya arraigadas.
Desalojos en 48 horas y garantías. Organizaciones por el derecho a la vivienda y juristas advierten de que acelerar los desalojos a 48 horas reduce el margen judicial para valorar la vulnerabilidad de los ocupantes y la existencia de alternativa habitacional, sin actuar sobre la falta de oferta asequible.

Críticas culturales

Autodeterminación fuera del marco constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido que una comunidad autónoma no puede decidir unilateralmente sobre la secesión, que solo cabría mediante reforma constitucional del art. 2 por la vía del art. 168.
Amnistía a cambio de investidura. Críticos de la ley, incluidas asociaciones judiciales, sostienen que una amnistía negociada como condición para investir a un presidente vulnera la igualdad ante la ley; el Tribunal Supremo rehusó aplicarla a la malversación.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Que la Fiscalía actúe contra los jueces que no aplican la amnistía. Interpretar la ley corresponde a jueces independientes, y contra sus decisiones caben recursos, que es lo que ha ocurrido ante el TC y el TJUE. El Consejo de Europa establece que la interpretación del derecho no debe dar lugar a responsabilidad penal del juez salvo dolo. Promover acciones contra jueces por el sentido de sus resoluciones atenta contra su independencia.
El «lawfare» en el acuerdo de investidura. Mismo hallazgo que en el PSOE, como firmante: el acuerdo de 2023 recogía el «lawfare» y la posible revisión parlamentaria de actuaciones judiciales. El CGPJ y todas las asociaciones judiciales y fiscales lo rechazaron como injerencia en la independencia judicial.
Autodeterminación y precedente unilateral de 2017. La independencia es un fin legítimo si se persigue mediante reforma constitucional (STC 42/2014). En 2017 el Govern que presidía Carles Puigdemont, hoy presidente de Junts, impulsó la declaración unilateral y las leyes del referéndum y de transitoriedad, que el TC anuló (STC 114/2017 y STC 124/2017). Junts condiciona hoy cualquier investidura a que se reconozca la autodeterminación.
Amnistía: avalada, con reparos de método. El Tribunal Constitucional avaló la ley en lo esencial (STC 137/2025, de 26 de junio): solo declaró inconstitucional el art. 1.1 por vulnerar el art. 14 CE al dejar fuera a quienes actuaron contra la secesión, y lo corrigió sin anularlo. El TJUE (Gran Sala, 16-7-2026) la declaró compatible con el derecho de la UE. Los reparos que siguen en pie son de calidad institucional: la Comisión de Venecia admitió su fin legítimo, pero recomendó buscar una mayoría cualificada más amplia y tiempo para un diálogo leal, y la ley se aprobó con una mayoría ajustada, como parte de un acuerdo de investidura y con los votos de partidos cuyos dirigentes eran beneficiarios. En el caso de Junts, el principal beneficiario pendiente es su propio presidente.
Catalán indispensable para renovar la residencia. El derecho de la UE admite condiciones de integración para los residentes de larga duración solo si son proporcionadas y no impiden en la práctica acceder al estatuto. Exigir una lengua concreta como requisito indispensable de renovación tensiona ese límite, y la inmigración es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2 CE), con una delegación por el art. 150.2 CE que tiene límites.
Condena firme de su expresidenta. El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2025 la condena de Laura Borràs, presidenta de Junts cuando fue juzgada, por prevaricación y falsedad documental al fraccionar contratos públicos en la Institució de les Lletres Catalanes, y rechazó aplicarle la amnistía.