Programa electoral de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Gabriel Rufián (cabeza de lista por Barcelona).

Partido de izquierda independentista catalán, presidido por Oriol Junqueras, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Prioriza un referéndum pactado, la financiación singular con recaudación propia del IRPF, el traspaso de Rodalies y la defensa del catalán.

Propuestas de ERC

Vivienda

Desplegar la limitación de los precios del alquiler.
Invertir al menos 1.000 millones de euros anuales en políticas de vivienda.
Apoyó en el Congreso los decretos de vivienda de 2026 (prórroga de alquileres, suspensión de desahucios, veto a compras por fondos), que fueron rechazados.

Empleo y salarios

Avanzar hacia la semana laboral de cuatro días.
Fijar un salario mínimo de referencia catalán.
Consolidar el Marco Catalán de Relaciones Laborales.

Economía y fiscalidad

Reindustrializar Cataluña con el objetivo de que la industria alcance el 25% del PIB en 2030.

Sanidad

Acabar con la infrafinanciación del sistema sanitario.
Garantizar la equidad territorial y de resultados en el sistema de salud catalán.

Educación

Gratuidad de todo el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Deuda y cuentas públicas

Condonar unos 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado (FLA), ampliable a otras comunidades.
No negociar presupuestos (de la Generalitat ni del Estado) mientras no se cumplan los acuerdos de financiación, IRPF y Rodalies.

Energía y clima

Avanzar hacia un modelo energético 100% renovable, residuo cero y movilidad sostenible.
Consolidar la empresa pública de energía de la Generalitat (Energètica).

Inmigración

Derogar la Ley de Extranjería.
Apoyar la ley orgánica que delega en la Generalitat permisos de residencia, emisión de NIE y presencia de los Mossos en la frontera.

Justicia, instituciones y corrupción

Aprobar una ley de amnistía para los encausados por el procés independentista.
Suprimir el Senado, por considerar que no ejerce de cámara territorial.
Despenalizar las injurias a la Corona.
Rebajar la edad de voto a los 16 años.
Simplificar la administración pública para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Modelo territorial

Negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación pactado y reconocido internacionalmente como vía hacia la independencia.
Alcanzar un 'acuerdo de claridad' con el Estado que fije el procedimiento para una nueva votación sobre la independencia.
Financiación singular: que la Generalitat recaude todos los impuestos con plena capacidad normativa, pagando al Estado por sus servicios y aportando a un fondo de solidaridad.
Acabar con el déficit fiscal de Cataluña y de los Països Catalans.
Reformar la LOFCA y otras dos leyes para que la Agència Tributària de Catalunya, y cualquier comunidad que lo pida, recaude el IRPF por delegación.
Elevar la recaudación del IRPF gestionada por la Generalitat de unos 5.000 a unos 30.000 millones de euros anuales lo antes posible.
Exigir el principio de ordinalidad en el reparto: que Cataluña no pierda posiciones en financiación por habitante respecto a lo que aporta.
Aprobar en el Congreso el nuevo modelo de financiación pactado con el Gobierno (cesión del 55% del IRPF y del 56,5% del IVA), con unos 4.700 M€ más para Cataluña.
Traspaso integral de Rodalies (Cercanías y trenes regionales) a la Generalitat.
Cerrar el consorcio de inversiones del Estado en Cataluña.
Crear un fondo de compensación por las inversiones en infraestructuras presupuestadas por el Estado en Cataluña y no ejecutadas.
Traspasar a Cataluña la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Igualdad y derechos sociales

Crear un 'frente democrático' contra los discursos de odio.
Impulsar un paquete de medidas para proteger y ampliar los derechos feministas y LGTBI.
Desplegar una red 'lila' en todo el territorio para prevenir la violencia machista.

Seguridad y defensa

Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza').
Reforzar la lucha contra los delitos digitales y desplegar la comisaría virtual de los Mossos d'Esquadra.

Europa, soberanía y exterior

Promover internacionalmente la causa de la independencia de Cataluña.

Campo y mundo rural

Aprobar una ley de soberanía alimentaria y garantizar precios justos al sector primario.
Aprobar un estatuto de los municipios rurales para corregir el desequilibrio territorial.

Cultura, lengua e identidad

Lograr la plena normalización del uso social del catalán.
Que el Estado destine al catalán los mismos recursos de promoción e internacionalización que al castellano.
Defender el catalán frente a los acuerdos de PP y Vox en Baleares y Comunidad Valenciana.
Consolidar la inmersión lingüística en catalán en la escuela.
Reforzar el catalán en el ámbito digital y audiovisual.
Elevar el gasto en cultura al 2% del presupuesto de la Generalitat.

Críticas a ERC

Críticas económicas

El coste de la financiación singular recae en el resto. Fedea estimó que un concierto como el pactado en 2024 supondría una transferencia neta a Cataluña de 6.600-13.200 M€ anuales; compensarla exigiría subir la parte estatal del IRPF entre un 15% y un 30% o recortar en torno a un 5-11% la financiación del resto de comunidades. Generalizarlo costaría 31.000-62.000 M€ adicionales.
Condonar deuda debilita la disciplina fiscal. Para Fedea, una quita incondicionada de deuda autonómica confirma que las comunidades pueden gastar más de lo que ingresan y actúa como un seguro gratuito ante futuras crisis. Extenderla a todas las comunidades en proporción a la población costaría unos 88.000 M€.
Un salario mínimo regional más alto puede restar empleo. El Banco de España estimó que la subida del SMI de 2019 redujo el empleo neto de los trabajadores afectados entre 6 y 11 puntos. Un suelo salarial catalán superior al estatal podría tener efectos similares en sectores y comarcas de menor productividad.

Críticas sociales

Riesgo para la cohesión entre territorios. Todas las comunidades salvo Cataluña, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, rechazaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el modelo negociado bilateralmente con ERC. Fedea advierte de que una gestión tributaria 'a la carta' puede romper la caja única y la nivelación de servicios entre regiones.
El control de alquileres puede reducir la oferta. El Banco de España advierte de que medidas de vivienda de eficacia limitada a corto plazo pueden tener efectos no deseados, como desviar viviendas al alquiler de temporada, y recomienda priorizar el aumento de la oferta, especialmente de alquiler social.

Críticas culturales

Un referéndum de secesión choca con la Constitución. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que una comunidad autónoma no puede convocar un referéndum de autodeterminación porque la soberanía reside en el conjunto del pueblo español (art. 1.2 y 2 CE); solo sería posible mediante reforma constitucional agravada (art. 168).
La amnistía y la igualdad ante la ley. Juristas y parte de la judicatura sostienen que una amnistía pactada a cambio de votos de investidura trata de forma desigual a ciudadanos por motivos políticos; el Tribunal Supremo se negó a aplicarla a la malversación de los líderes del procés.
La inmersión y los castellanohablantes. Los tribunales (TSJC, 2020, confirmado por el Supremo en 2021) obligaron a impartir al menos un 25% de la docencia en castellano al entender que el modelo de inmersión no garantizaba la presencia vehicular de ambas lenguas oficiales.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Autodeterminación y precedente unilateral de 2017. Un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución vigente sin reformarla (STC 103/2008; STC 42/2014), aunque como aspiración política es legítimo. En 2017 dirigentes de ERC impulsaron las leyes del referéndum y de transitoriedad, que el TC anuló (STC 114/2017 y STC 124/2017), y el Supremo los condenó por sedición y malversación (STS 459/2019). Después fueron indultados o amnistiados. Su programa propone ahora un referéndum pactado.
Amnistía: avalada, con reparos de método. El Tribunal Constitucional avaló la ley en lo esencial (STC 137/2025, de 26 de junio): solo declaró inconstitucional el art. 1.1 por vulnerar el art. 14 CE al dejar fuera a quienes actuaron contra la secesión, y lo corrigió sin anularlo. El TJUE (Gran Sala, 16-7-2026) la declaró compatible con el derecho de la UE. Los reparos que siguen en pie son de calidad institucional: la Comisión de Venecia admitió su fin legítimo, pero recomendó buscar una mayoría cualificada más amplia y tiempo para un diálogo leal, y la ley se aprobó con una mayoría ajustada, como parte de un acuerdo de investidura y con los votos de partidos cuyos dirigentes eran beneficiarios.