Programa electoral de Feministas al Congreso (PFAC) para las elecciones generales de 2026
Candidato: Por confirmar (dirección: Pilar Aguilar, presidenta; Amparo Mañés, secretaria general).
Partido fundado en 2022 por feministas desencantadas con las políticas de igualdad del PSOE y Podemos; no se presentó en 2023 y obtuvo 29.742 votos en las europeas de 2024. Anuncia que concurrirá el 29N con la abolición de la prostitución, la derogación de la ley trans y la prohibición de los vientres de alquiler como ejes.
Propuestas de PFAC
Vivienda
- Proteger el derecho a la vivienda frente al mercado.
Empleo y salarios
- Medidas contra la brecha salarial, la precariedad laboral de las mujeres y las dificultades de conciliación.
- Estudiar y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras.
Economía y fiscalidad
- Reforzar los servicios públicos y revertir recortes y privatizaciones.
Sanidad
- Reconocer la endometriosis como enfermedad invalidante, con servicios para detectarla, y atender la fibromialgia y otros problemas de salud de las mujeres.
Educación
- Incorporar la coeducación a todos los currículos educativos.
Justicia, instituciones y corrupción
- Formación en igualdad para jueces y fuerzas de seguridad.
Igualdad y derechos sociales
- Ley abolicionista de la prostitución que proteja a las mujeres, persiga penalmente a los proxenetas y sancione al cliente.
- Derogar la «ley trans».
- Derogar las normas y protocolos que, según el partido, «niegan la realidad material del sexo» y falsean censos y estadísticas.
- Abolir el género como categoría jurídica.
- Prohibir los vientres de alquiler («abolición de la explotación reproductiva»).
- Auditar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
- Desarrollar y dotar de medios la Ley de Igualdad de 2007.
- Medidas «consistentes y concretas» contra la feminización de la pobreza.
Ciencia, tecnología e innovación
- Control de la pornografía y restricción del acceso de menores a grabaciones de violencia sexual.
Críticas a PFAC
Críticas económicas
- Agenda sin memoria económica. Sus propuestas sociales (reforzar servicios públicos, revertir privatizaciones, medidas contra la feminización de la pobreza) no van acompañadas de cifras, calendario ni fuentes de financiación, lo que impide evaluar su coste y viabilidad.
- Auditoría del Pacto de Estado. Auditar los fondos del Pacto de Estado es razonable, pero el Tribunal de Cuentas y las comunidades ya fiscalizan su ejecución; sin concretar qué añadiría, la propuesta duplica controles existentes.
Críticas sociales
- Efectos del modelo abolicionista sobre quienes ejercen. Organizaciones de trabajadoras sexuales y algunos estudios sobre el modelo nórdico sostienen que sancionar al cliente desplaza la prostitución a la clandestinidad y aumenta los riesgos para las mujeres; otros estudios y organismos defienden su efecto disuasorio. La evidencia está dividida.
- Personas trans. Derogar la ley trans y suprimir el género como categoría jurídica dejaría a las personas trans sin vía clara para rectificar su sexo registral, con efectos en documentación, empleo y vida diaria; organizaciones LGTBI lo consideran un retroceso de derechos.
Críticas culturales
- Choque con buena parte del movimiento feminista y LGTBI. Su definición del sujeto del feminismo basada solo en el sexo enfrenta a una parte importante del feminismo y del movimiento LGTBI, que la ve excluyente; sus defensoras sostienen que protege categorías necesarias para medir la desigualdad.
- Control de la pornografía y libertad de expresión. Restringir el acceso de menores tiene amplio consenso, pero un «control de la pornografía» sin definir plantea dudas sobre su alcance para adultos y sobre la verificación de edad y la privacidad.
Estado de derecho y derechos fundamentales
- Suprimir el género como categoría jurídica. El TEDH exige que los Estados ofrezcan un procedimiento para reconocer legalmente la identidad de las personas trans, aunque les deja margen para fijar los requisitos. Derogar la ley de 2023 no infringe esa doctrina si se mantiene alguna vía. Abolir el género como categoría jurídica, sin más, podría eliminarla. El partido no lo concreta y por eso la gravedad es baja.