Programa electoral de Vox (VOX) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Santiago Abascal.

Partido fundado en 2013 y presidido por Santiago Abascal, tercera fuerza en las encuestas para el 29N. Según sus propios documentos, prioriza el control de la inmigración («prioridad nacional» y repatriaciones), bajadas de impuestos y desregulación, la recentralización del Estado y la derogación de leyes como las de vivienda, violencia de género, memoria y cambio climático.

Propuestas de VOX

Vivienda

Derogar la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, incluido el control de precios del alquiler en zonas tensionadas.
Aplicar el principio de «prioridad nacional» en la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas a la vivienda.
IVA del 0% en la compra de la primera vivienda habitual.
Recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y extender la deducción por alquiler a todo el territorio.
Desalojo policial de ocupantes ilegales en 24 horas y que el propietario deje de pagar IBI y suministros durante la ocupación.
Liberar suelo no protegido con una nueva Ley del Suelo y reducir tributos y trámites del proceso edificatorio.
Construir vivienda social pública con opción a compra, con colaboración público-privada y cesión de suelo público y de la Sareb.

Empleo y salarios

Derogar la reforma laboral de 2021 (Real Decreto-ley 32/2021).
Eliminar el registro horario obligatorio y los protocolos obligatorios de desconexión digital.
Bonificar el 100% de las cotizaciones de los nuevos contratos indefinidos el primer año y el 50% el segundo.
Cuota cero para los autónomos cuyos ingresos netos no lleguen al SMI y derogar la cotización por ingresos reales.
Eliminar las subvenciones públicas a sindicatos y patronales y reducir el número de liberados sindicales.

Economía y fiscalidad

IRPF estatal con dos tipos: 15% para bases de hasta 70.000 € y 25% por encima.
Dejar exentos de IRPF los primeros 22.000 € anuales de rentas del trabajo, con uno o varios pagadores.
Eliminar buena parte de las deducciones y bonificaciones del IRPF y compensar la rebaja suprimiendo subvenciones superiores a 100.000 € anuales.
Bajar el IVA general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%.
Aplicar de forma permanente un IVA del 4% a la electricidad, el gas y el agua de los hogares.
Rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 15%.
Suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal en toda España.
Regla de «tres por uno»: cada nueva norma debe identificar tres normas vigentes a derogar o no se tramitará.
Suprimir la obligación de cita previa en la Administración y crear una base de datos única para todas las administraciones.

Pensiones

Añadir un componente de capitalización individual al sistema de reparto (modelo mixto).
Eximir del IRPF las pensiones contributivas.
Garantizar el pago de las pensiones; Abascal niega que Vox plantee privatizar el sistema.

Sanidad

Devolver al Estado las competencias sanitarias: Sistema Nacional de Salud único, tarjeta sanitaria única e historia clínica digital común.
Limitar la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular a las urgencias.
Aprobar una Ley de Cuidados Paliativos y derogar la ley de eutanasia.

Educación

Ley Nacional de Educación con contenidos comunes y devolución de las competencias educativas al Estado.
Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio.
Consentimiento previo de los padres para los contenidos afectivo-sexuales impartidos en el aula.
No promocionar de curso ni titular con asignaturas suspensas.
Implantar el cheque escolar.

Deuda y cuentas públicas

Presupuestos de base cero y eliminación progresiva del déficit y la deuda.
Reducir los ministerios de 22 a 12 y aplicar un plan de reducción del gasto político.
Oponerse a la condonación de unos 83.000 M€ de deuda autonómica (enmienda a la totalidad).

Familia y demografía

Reducir cuatro puntos el tipo de IRPF por cada hijo.
Deducción por nacimiento o adopción de 1.200 €, 1.600 €, 2.500 € y 2.750 € (del primer al cuarto hijo).
IVA del 4% en pañales, biberones, leches de fórmula y productos farmacéuticos infantiles y geriátricos.

Energía y clima

Derogar la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
Derogar la Ley de Movilidad Sostenible, la ley de residuos y la normativa de comercio de derechos de emisión.
Eliminar la prohibición europea de vender coches de combustión en 2035 y suprimir las medidas del Pacto Verde Europeo.
Alargar la vida de las centrales nucleares y apostar por pequeños reactores modulares.
Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas y fin de la demolición de presas y embalses.

Inmigración

Expulsión inmediata de quien entre «ilegalmente» (de forma irregular); ningún inmigrante en situación irregular podrá regularizarse.
Deportar a los extranjeros que cometan delitos, con independencia de su situación administrativa.
Procesos de «remigración» para extranjeros que vivan de ayudas públicas sin trabajar ni cotizar.
Bloqueo naval de las costas frente a la inmigración irregular.
Suprimir la figura del arraigo e impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular.
Cerrar los centros de menores extranjeros no acompañados y repatriarlos.
Ha recurrido ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de 2026.
Reformar la nacionalidad para impedir su adquisición fraudulenta y auditar las nacionalidades concedidas.

Justicia, instituciones y corrupción

Que los jueces elijan a todos los vocales judiciales del CGPJ.
Derogar la Ley de Amnistía y recuperar los delitos de sedición y referéndum ilegal; agravar la malversación.
Prohibir los indultos por corrupción o por delitos contra la forma del Estado.

Modelo territorial

Estado unitario: devolver al Estado Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia y limitar la capacidad legislativa autonómica.
Suprimir progresivamente las policías autonómicas e integrarlas en los cuerpos nacionales.
Suspender la autonomía de las comunidades que atenten contra la unidad de España.
Ilegalizar partidos y entidades que persigan la destrucción de la unidad territorial, previa consulta del art. 92 CE.

Igualdad y derechos sociales

Derogar la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar y suprimir los juzgados especializados.
Suprimir el Ministerio de Igualdad y crear un Ministerio de Familia.
Eliminar las cuotas de género en el empleo y en los órganos públicos.
Derogar la ley del aborto; votó en contra de incluir el aborto en la Constitución (abril de 2026).
Derogar la ley trans y prohibir tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo en menores.
Suprimir los planes de igualdad obligatorios en empresas de más de 50 empleados y los planes LGTBI obligatorios.

Seguridad y defensa

Presencia policial en todos los barrios y equiparación salarial de Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.
Prisión permanente revisable para violadores y ampliación de sus supuestos.
Rebajar la edad penal a 12 años.
Aumentar la inversión en Defensa y crear un servicio militar de reserva voluntaria.
Mando Integrado de Fronteras y despliegue militar permanente en Ceuta, Melilla y Canarias.

Europa, soberanía y exterior

Exigir a Marruecos que reconozca expresamente la soberanía española de Ceuta y Melilla y, si no, suspender el Tratado de Amistad de 1991.
Que la OTAN cubra expresamente Ceuta y Melilla.
Un nuevo tratado europeo que devuelva poder a los Estados y reconozca la primacía de la Constitución en asuntos de interés nacional.
Revertir los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur y Marruecos.

Campo y mundo rural

Eliminar las exigencias medioambientales ligadas a las ayudas de la PAC y priorizar al productor nacional.
Aranceles a productos agrícolas marroquíes y más controles fronterizos a productos de terceros países.
Modernizar y extender los regadíos y defender el trasvase Tajo-Segura.

Ciencia, tecnología e innovación

Que las grandes tecnológicas coticen por los datos que generan los usuarios y reforzar la soberanía de los datos personales.

Cultura, lengua e identidad

Derogar la Ley de Memoria Democrática.
Garantizar el uso del español en todo el territorio y eliminar requisitos lingüísticos autonómicos en el acceso al empleo.
Suprimir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios.

Críticas a VOX

Críticas económicas

Coste fiscal de la rebaja del IRPF. El propio Vox cifra la merma de recaudación de su IRPF en unos 46.000 M€ anuales (el Ministerio de Hacienda la eleva a 85.000 M€) y la compensación anunciada —suprimir subvenciones de más de 100.000 €— no está cuantificada partida a partida. El economista José María Rotellar (UFV), favorable a bajar impuestos, advirtió de que financiar rebajas así con deuda reproduce el error del plan Truss en Reino Unido.
Rebajas simultáneas en todos los grandes impuestos con deuda cercana al 100% del PIB. La propuesta combina bajar IRPF, IVA y Sociedades con suprimir Patrimonio y Sucesiones, mientras el FMI y la Comisión Europea piden a España un ajuste fiscal sostenido para reducir una deuda pública próxima al 100% del PIB. Las rebajas generalizadas de IVA, además, son una herramienta poco focalizada según la OCDE, porque benefician más en euros a los hogares que más consumen.
Transición a la capitalización: el problema del doble pago. Introducir capitalización individual obliga a una generación a seguir financiando las pensiones actuales mientras ahorra para la suya, y Vox no ha detallado tipos de aportación ni financiación. La catedrática Montserrat Guillén (UB) calificó las propuestas de electoralistas y advirtió de que con los salarios españoles un pilar obligatorio sería muy difícil; la AIReF no ha considerado necesario ajustar el sistema tras sus evaluaciones.
Menos inmigración, menos crecimiento y cotizantes. Según el Banco de España, la población inmigrante aportó unos 1,7 puntos al crecimiento medio anual del PIB (3,7%) entre 2022 y 2025. Restringir la entrada, suprimir el arraigo y promover la «remigración» reduciría la población activa en un país envejecido, con efectos sobre el crecimiento y sobre los ingresos de la Seguridad Social que Vox no cuantifica.
Desregulación climática y riesgo con la UE. Buena parte de la normativa que Vox quiere derogar (comercio de emisiones, residuos, eficiencia de edificios) transpone directivas europeas, por lo que suprimirla expondría a España a procedimientos de infracción y podría comprometer fondos europeos. La cifra de 90.000 M€ anuales de coste de la «hiperregulación» procede del propio partido y ha sido cuestionada por inflada.

Críticas sociales

«Prioridad nacional» y principio de igualdad. Dar preferencia por nacionalidad en vivienda protegida y ayudas choca con el principio de igualdad y con el derecho europeo: la Directiva 2003/109/CE obliga a tratar igual a los residentes de larga duración en asistencia social y acceso a vivienda. La moción presentada por Vox en el Congreso en junio de 2026 fue rechazada por el resto de grupos.
Restringir la sanidad a irregulares: el precedente de 2012. La exclusión de inmigrantes irregulares de la sanidad normalizada en 2012 se asoció a un aumento de la mortalidad de ese colectivo, según el estudio de Juanmartí Mestres, López-Casasnovas y Vall Castelló publicado en European Economic Review. Limitar la atención a urgencias deja fuera el seguimiento de enfermedades crónicas y contagiosas, con riesgos para la salud pública.
Derogar la ley de violencia de género. Sustituir la Ley Integral de 2004 por una ley de violencia intrafamiliar y suprimir los juzgados especializados contradice el enfoque del Convenio de Estambul, ratificado por España, que obliga a tratar la violencia contra las mujeres como violencia por razón de género y a contar con respuestas especializadas.
Derogar la reforma laboral de 2021. Tras la reforma de 2021 la tasa de temporalidad en el sector privado se redujo aproximadamente a la mitad, según el Banco de España, que también señala dudas sobre el uso de los fijos discontinuos. Derogarla sin un modelo alternativo detallado podría reactivar la contratación temporal.
Rebaja fiscal concentrada en rentas altas. El diseño de dos tipos (15% y 25%) junto a la supresión de Patrimonio y Sucesiones concentra la ganancia en euros en las rentas y patrimonios altos, mientras que las rentas bajas, que ya tributan poco por IRPF, apenas se benefician de la rebaja.

Críticas culturales

Expulsiones y «remigración»: límites jurídicos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Protocolo 4, art. 4) prohíbe las expulsiones colectivas y exige examen individual, y expulsar por «imponer costumbres ajenas» carece de definición legal. Los procesos de remigración no tienen encaje en la Ley de Extranjería ni en el derecho de la UE.
Recentralizar el Estado exige reformar la Constitución. Devolver al Estado sanidad, educación y seguridad o suprimir las policías autonómicas exige reformar los Estatutos y probablemente la Constitución (Título VIII), con mayorías que Vox no tendría. El Tribunal Constitucional (STC 48/2003) dejó claro que España no es una «democracia militante»: solo se ilegalizan partidos por sus actividades, no por sus fines.
Derogar aborto y eutanasia, leyes avaladas por el TC. El Tribunal Constitucional avaló la ley de plazos del aborto (STC 44/2023) y la ley de eutanasia (STC 19/2023). Su derogación suprimiría prestaciones ya consolidadas en la sanidad pública y declaradas conformes con la Constitución.
Ruptura con Marruecos: riesgo para la cooperación. Suspender el Tratado de Amistad, negar visados o expulsar al embajador pondría en riesgo la cooperación migratoria y antiterrorista con Marruecos, de la que depende buena parte del control de la frontera sur, y el comercio con el que es el primer socio comercial de España en África.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Expulsiones colectivas, bloqueo naval y repatriación de menores. Interceptar y devolver embarcaciones en el mar sin examinar cada caso vulnera el principio de no devolución: el TEDH condenó a Italia por devolver a Libia a personas rescatadas en alta mar. Los «procesos de remigración» y las expulsiones generalizadas chocan con la prohibición de expulsiones colectivas y, en el caso de los residentes de larga duración, con su protección reforzada frente a la expulsión. Cerrar los centros y repatriar a los menores no acompañados sin valorar individualmente su interés superior es lo que el Supremo declaró ilegal en Ceuta (2024).
«Prioridad nacional» por nacionalidad y exclusión del padrón. Dar preferencia a los españoles en vivienda protegida y ayudas es una discriminación directa por nacionalidad. La Directiva 2003/109/CE obliga a tratar igual a los residentes de larga duración en asistencia social y vivienda, y el TJUE considera discriminatorio incluso un requisito de residencia de diez años. Impedir el empadronamiento choca con la obligación legal de empadronarse y corta el acceso a servicios como la escolarización de menores, un derecho que el TC reconoce también a los extranjeros en situación irregular.
Ilegalizar partidos por sus fines y suspender autonomías. El TC estableció que España no es una «democracia militante»: solo se puede ilegalizar un partido por sus conductas (apoyo a la violencia o al terrorismo), no por defender fines como la independencia por vías pacíficas. El art. 155 CE permite medidas concretas y temporales, no suspender la autonomía como tal.
Bajar la edad penal a 12 años. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU pide fijar la edad mínima de responsabilidad penal en al menos 14 años y no rebajarla donde ya es mayor. En España es de 14 años desde la LO 5/2000.
Derogar la ley del aborto. El TC avaló en 2023 el modelo de plazos y vinculó la decisión de la mujer en las primeras semanas a su integridad física y moral y a su libre desarrollo de la personalidad. Una derogación sin alternativa que respete ese ámbito de libertad entraría en tensión con esa doctrina.
Leyes de «concordia» y derogación de la memoria democrática. Vox impulsó con el PP las leyes de concordia de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Tres procedimientos especiales de la ONU advirtieron en 2024 de que podían limitar el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas y el asociacionismo memorialista.