Programa electoral de Bloque Nacionalista Galego (BNG) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Pendiente de confirmar a 21-10-2026 (Néstor Rego, diputado desde 2019, ha sido su cabeza de lista por A Coruña).

Frente nacionalista gallego de izquierdas, segunda fuerza en el Parlamento de Galicia, que concurre en solitario en las cuatro provincias gallegas con el lema «más derechos y menos derechas». Su programa prioriza el autogobierno y la soberanía fiscal de Galicia, el traspaso de la AP-9 y una tarifa eléctrica gallega, y la ampliación de derechos laborales y servicios públicos.

Propuestas de BNG

Vivienda

Elevar la inversión pública en vivienda hasta 250 euros por habitante.
Traspasar gratuitamente a Galicia los activos de la Sareb para crear una bolsa de vivienda pública.
Ampliar el recargo del IBI sobre la vivienda vacía y alargar la duración de los contratos de alquiler.

Empleo y salarios

Derogar la reforma laboral de 2021 y recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente y los salarios de tramitación.
Jornada máxima de 35 horas semanales sin reducción salarial.
Salario mínimo interprofesional equivalente al 60 % del salario medio.
Prevalencia de los convenios gallegos o provinciales sobre los estatales y un marco gallego de relaciones laborales.
Eliminar las empresas de trabajo temporal, la subcontratación en cadena y los falsos autónomos.

Economía y fiscalidad

Nuevo modelo de financiación basado en un concierto económico: Galicia recaudaría todos los impuestos y pactaría bilateralmente con el Estado.
Crear una Hacienda gallega (Facenda Galega) con plena capacidad para una política fiscal propia.
IRPF más progresivo, con menor gravamen a las rentas del trabajo que a las del capital y tarifas deflactadas según la inflación gallega.
Que tributen en Galicia por Sociedades las empresas que operan allí aunque tengan la sede fuera.
Rebaja permanente del IVA en alimentación básica, productos del mar e higiene y tipo superreducido para bienes culturales.
IVA del 5 % para electricidad, gas, biomasa y leña, y rebaja del impuesto eléctrico del 5,1 % al 0,5 %.
Mantener y reforzar los gravámenes a la banca, las grandes energéticas y las grandes fortunas, con gestión transferida a Galicia.
Prohibir ayudas públicas a empresas con sociedades sin actividad real en paraísos fiscales.

Pensiones

Pensiones mínimas equivalentes al 60 % del salario medio y revalorización anual con el IPC real.
Recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y la parcial a los 61.
Calcular la base reguladora con los 10 años que elija el beneficiario y financiar el sistema también con impuestos.
Coeficientes reductores de la edad de jubilación para el sector naval, pesquero y marisquero.

Sanidad

Financiación sanitaria hasta la media europea por habitante y gestión exclusivamente pública mediante la reforma de la Ley 15/97.
Eliminar los copagos farmacéuticos e incluir odontología, logopedia y ortoprótesis en la cartera pública.
Transferir a Galicia la formación MIR, EIR y PIR con más plazas.

Educación

Educación pública y gratuita de 0 a 18 años, obligatoria de 3 a 18, y una Ley gallega de Educación con todas las competencias.
Eliminar progresivamente los conciertos educativos, empezando por los centros que segregan por sexo.
Sacar la religión del currículo y renegociar el concordato con la Santa Sede.
Destinar el 7 % del PIB a educación y el 1,5 % a las universidades públicas.

Energía y clima

Tarifa eléctrica gallega con menores peajes por ser Galicia productora excedentaria de electricidad.
Transferir a Galicia la planificación energética, redes y distribución, y la autorización de instalaciones de más de 50 MW.
Retirar los planes de ordenación del espacio marítimo y declarar el litoral gallego no apto para la eólica marina.
Recuperar las concesiones de embalses para crear una empresa pública gallega de energía.

Inmigración

Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y acabar con las deportaciones.

Justicia, instituciones y corrupción

Derogar la Ley Mordaza y la prisión permanente revisable.
Reforma electoral con Galicia como circunscripción única y supresión de las diputaciones provinciales.
Inhabilitar para cargo público a quien cometa fraude fiscal o use paraísos fiscales.

Modelo territorial

Reconocer el derecho de autodeterminación y abrir un proceso constituyente hacia una República gallega.
Traspaso y gratuidad de la AP-9 y la AP-53, y transferencia de puertos, aeropuertos, costas, ferrocarril y salvamento marítimo.
Ley de transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, pactada con PSOE y Sumar y aprobada en el Congreso.
Servicio de cercanías ferroviarias en Galicia (al menos Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol) antes de 2027 y AVE Vigo-Oporto.

Igualdad y derechos sociales

Tipificar el feminicidio, crear un estatuto de víctima y juzgados exclusivos de violencia machista en cinco ciudades gallegas.
Oponerse a la gestación subrogada y avanzar hacia la abolición de la prostitución persiguiendo el proxenetismo.
Exigir que el Estado financie el 50 % de la dependencia y salde una deuda con Galicia superior a 2.000 millones.
Transferir el Ingreso Mínimo Vital y crear una renta gallega de inclusión.

Seguridad y defensa

Oponerse al aumento del gasto militar y destinar esos recursos a servicios públicos.

Europa, soberanía y exterior

Rechazar el apoyo oficial a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

Campo y mundo rural

Reformar la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir efectivamente la venta por debajo de costes.
Negociación directa de Galicia en los acuerdos pesqueros y exención de TAC y cuotas para la pesca artesanal.
Plan de industrialización prioritario para Ferrol y Vigo, Navantia-Ferrol como complejo integral e intervención pública de Alcoa San Cibrao.

Ciencia, tecnología e innovación

Elevar la inversión estatal en I+D+i al 3 % del PIB en 2030 y transferir a Galicia los centros del CSIC y del IEO.
Gestión directa desde Galicia de los fondos europeos, repartidos según dispersión, envejecimiento y déficit inversor.

Críticas a BNG

Críticas económicas

Concierto económico y solidaridad interterritorial. Fedea señala que los sistemas de concierto sitúan a las comunidades forales con una financiación por habitante cercana al doble de la media de régimen común, y advierte de que descentralizar la gestión de todos los tributos fragmentaría la administración fiscal y reduciría la capacidad del Estado para financiar sus competencias. Generalizarlo a Galicia, receptora neta, podría reducir sus propios recursos si el cupo se calculara sin nivelación.
Pensiones: más gasto en un sistema desequilibrado. Un estudio actuarial publicado por Fedea calcula que las pensiones comprometidas superan en torno a un 25 % a las cotizaciones en valor presente. Bajar la edad ordinaria a 65 años, elevar las mínimas al 60 % del salario medio y acortar el periodo de cálculo aumentarían el gasto sin una fuente de financiación cuantificada.
Jornada de 35 horas por ley. Conde-Ruiz y Lahera (Fedea) advierten de que reducir la jornada por ley sin ajustar salarios eleva los costes laborales unitarios de la mayoría de empresas, con posibles efectos sobre empleo y competitividad, y recomiendan hacerlo vía negociación colectiva y con transiciones largas.

Críticas sociales

Fin de los conciertos y libertad de elección. La eliminación progresiva de los conciertos afectaría a las familias que eligen centros concertados y obligaría a absorber ese alumnado en la red pública, con un coste de plazas y personal que el programa no cuantifica.
Fin de las deportaciones. Cerrar los CIE y suprimir las deportaciones eliminaría el principal instrumento para ejecutar las órdenes de expulsión previstas en la normativa española y europea de retorno, lo que plantea problemas de cumplimiento del marco comunitario.

Críticas culturales

Autodeterminación y marco constitucional. El derecho de autodeterminación y un proceso constituyente gallego no tienen cabida en la Constitución, que fundamenta la soberanía en el conjunto del pueblo español; requerirían una reforma constitucional agravada.
Eólica marina y transición energética. Declarar todo el litoral no apto para la eólica marina y oponerse a los planes de ordenación marítima podría dificultar el cumplimiento de los objetivos de renovables del PNIEC, en una comunidad con alto recurso eólico.