Programa electoral de Democracia Nacional (DN) para las elecciones generales de 2026

Candidato: Por confirmar (presidente del partido: Pedro Chaparro; Pablo Lucini, coordinador en Madrid, ha dicho que aspira al escaño por Madrid, según Público).

Partido fundado en 1995 y presidido por Pedro Chaparro, que intenta presentar candidatura solo por Madrid. Según su web, prioriza el «retorno y la expulsión masiva de extranjeros», la defensa de las fronteras y la soberanía, la vivienda para «españoles autóctonos» y la natalidad.

Propuestas de DN

Vivienda

Vivienda protegida de calidad y ampliación del parque protegido con acceso para familias, parejas, jóvenes y emprendedores «españoles autóctonos», y más ayudas sociales para ellos.
Perseguir con eficacia a los «especuladores inmobiliarios» y las prácticas especulativas que encarecen la vivienda.
Intervención del Estado en el mercado inmobiliario para perseguir actividades ilegales y abaratar los precios.
Bajar los impuestos a las familias que ya tienen vivienda.
Ayudas fiscales y económicas a los jóvenes para acceder a una vivienda y formar una familia.

Empleo y salarios

Dar preferencia a la contratación de «trabajadores nacionales» en la construcción de vivienda y recuperar la formación profesional en oficios.
Derogar las reformas laborales que, según el partido, permiten el «empleo precario».
Avanzar hacia la cogestión en las empresas y ensayar la participación de los trabajadores en los beneficios.

Economía y fiscalidad

Recuperar la soberanía monetaria saliendo del euro y volviendo a la peseta.
Usar el déficit público para alcanzar el pleno empleo con «tipos de interés nominales nulos».
Rebaja «drástica» de impuestos a los inversores directos que creen empleo y sustituir el IAE por tasas que no graven la creación de empleo.
IRPF con solo dos tipos (15 % y 27 %), actualizados con el IPC, e Impuesto de Sociedades al 25 %.
Impuesto sobre el «capital especulativo» y protección del pequeño comercio frente a las grandes superficies.
Proteger la economía frente a la «competencia desleal» exterior y suspender los acuerdos de libre comercio que perjudiquen a sectores productivos.

Educación

Cambiar los planes de estudio para educar en la identidad regional, española y europea, con el castellano como lengua común de todos.

Familia y demografía

Aumentar de forma «drástica» las ayudas a la natalidad de las familias españolas y dar condiciones laborales especiales a las madres.
Oponerse a la práctica del aborto, con ayudas a las mujeres que decidan ser madres y adopciones más ágiles.

Energía y clima

Plan de urgencia contra la desertificación, con repoblación forestal y gestión racional del agua.

Inmigración

Política migratoria «radical» basada en el «retorno y la expulsión masiva de extranjeros» y en la defensa de las fronteras.
«Deportaciones masivas» de inmigrantes, a los que atribuye la saturación del mercado de la vivienda, sobre todo del alquiler.
Cerrar por completo la llegada de inmigrantes, legal e ilegal, hasta revisar las vías de arraigo y alcanzar el pleno empleo.
Devolver de inmediato a quien llegue sin documentación y emplear policía, Fuerzas Armadas e inteligencia contra la llegada de indocumentados, con legislación de emergencia.
«Militarizar las fronteras» para frenar la entrada de extranjeros.
Revisar cada año los permisos de residencia y repatriar al extranjero tras 90 días sin cotizar o al agotar la prestación por desempleo.
Repatriar a los contingentes de inmigrantes cuando caiga el empleo y promover la inmigración estacional de ida y vuelta.
Expulsar al extranjero que participe en protestas u ocupaciones que reclamen derechos fuera de la ley de extranjería o que defienda ideas políticas o religiosas contrarias a la Constitución.
Tope del 10 % de población inmigrante por ciudad o barrio; al superarlo, el municipio se cerraría a nuevas instalaciones.
Limitar las ayudas sociales y becas a inmigrantes a un máximo del doble de su porcentaje de población en cada provincia.
Ordenar la inmigración legal por origen: primero Europa del Este; después latinoamericanos, saharauis y ecuatoguineanos; después países mediterráneos; y por último el resto.
Permitir la reagrupación familiar solo tras tres años de cotización.
Conceder el asilo solo en casos «relevantes y demostrables» y castigar la falsa persecución con expulsión y prohibición de por vida de volver a la UE.
Internar a los menores extranjeros que delincan en centros cerrados específicos, con opción de repatriación inmediata.
Juicio rápido sin fianza para inmigrantes detenidos y expulsión al cumplir la condena íntegra; beneficios penitenciarios solo si antes pagan indemnizaciones y gastos de repatriación.
Nacionalidad por «ius sanguinis»: los hijos de no europeos tendrían la de sus padres; en matrimonios mixtos, posible pérdida de la española de los hijos tras condenas y custodia para el cónyuge español.

Justicia, instituciones y corrupción

Sustituir la democracia liberal por una «democracia orgánica» corporativa basada en la familia, el municipio y el sindicato.
Listas abiertas, fin de la disciplina de voto, plebiscitos por iniciativa popular y límites drásticos al gasto electoral.
Prohibir expresamente que se concedan derechos políticos a los residentes extranjeros.
Limitar la concentración de medios privados y garantizar a todas las candidaturas igual acceso a los medios públicos en campaña.
Vigilar los mensajes de los medios que puedan generar permisividad o admiración hacia conductas inmorales o violentas.

Modelo territorial

Reformar el Título VIII de la Constitución para limitar las autonomías a competencias administrativas, culturales y ecológicas, y suprimir «nacionalidades» del artículo 2.
Sancionar de forma «gravísima» cualquier actuación territorial contraria a la unidad nacional.

Igualdad y derechos sociales

«Preferencia nacional»: prioridad en empleo y prestaciones sociales para nacidos en la UE o con antecedentes familiares en España, y prohibir la «discriminación positiva» que la perjudique.

Seguridad y defensa

Bloqueo naval permanente en el Estrecho para frenar pateras y narcolanchas.
Erradicar la delincuencia, el poder de las mafias y la corrupción política y económica.

Europa, soberanía y exterior

Sustituir la Unión Europea por una «Confederación Europea» y abandonar la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y la OMC.
Salir también de la Organización Mundial de la Salud.
Declarar a Marruecos «enemigo geopolítico», cortar ayudas y cooperación y no venderle tecnología militar.

Campo y mundo rural

Proteger a agricultores, ganaderos y pescadores frente a multinacionales, OMC, UE e importación de «mano de obra barata».

Ciencia, tecnología e innovación

Programas de colaboración tecnológica europea que garanticen la independencia respecto a Estados Unidos.

Cultura, lengua e identidad

Prohibir en público las prendas religiosas «ostentosas» a quien no esté consagrado, controlar el islam «fundamentalista» y no subvencionarlo sin reciprocidad de los países árabes.
Volver a exigir nombres propios en alguna lengua española en el Registro Civil y proteger la producción cultural española y europea frente a la estadounidense.
Oponerse a la resignificación del Valle de los Caídos.

Críticas a DN

Críticas económicas

Expulsión masiva y cierre total en una población que envejece. Fedea estima que la inmigración compensó cerca del 60 % del deterioro del dividendo demográfico entre 2000 y 2019, y el Banco de España atribuye a los inmigrantes 1,7 puntos del crecimiento del PIB entre 2022 y 2025. Expulsar de forma masiva y cerrar toda llegada reduciría la población activa y las cotizaciones, también en sectores como la construcción, que el partido necesita para levantar vivienda.
Salir del euro y financiar el pleno empleo con déficit. Volver a la peseta obligaría a redenominar deuda, depósitos y contratos, con riesgo de devaluación y fuga de capitales; la experiencia británica, sin cambio de moneda, ya apunta a una caída a largo plazo de la productividad del 4 %. Usar el déficit con tipos «nulos» para el pleno empleo, con una deuda cercana al 100 % del PIB, dependería de financiarlo con emisión monetaria y su riesgo de inflación.
Rebajas fiscales drásticas sin cifrar. Un IRPF de solo dos tipos (15 % y 27 %), rebajas «drásticas» a inversores y más ayudas a la natalidad y a la vivienda no van acompañados de ninguna estimación de coste ni de cómo se compensaría la pérdida de recaudación.
La vivienda cara no se explica solo por la demanda. El Banco de España señala que el problema de acceso a la vivienda se debe sobre todo a una oferta rígida que no responde al aumento de la demanda. Las deportaciones atacarían solo un componente de la demanda y restarían mano de obra a la construcción, mientras que el partido no propone medidas concretas para aumentar la oferta salvo construir si «aun así» hiciera falta.

Críticas sociales

Repatriar a residentes legales por quedarse sin empleo. Repatriar tras 90 días sin cotizar o cuando caiga el empleo, y retrasar tres años la reagrupación familiar, convertiría la pérdida del trabajo en pérdida de la residencia para personas con años en España y con hijos escolarizados aquí, separando familias.
Ayudas y barrios repartidos por origen. Topar al 10 % la población inmigrante de cada barrio y limitar sus ayudas y becas según su peso en la provincia reparte derechos por origen y no por necesidad, y dejaría sin protección a hogares vulnerables. El derecho de la UE obliga a tratar igual a los residentes de larga duración en prestaciones y vivienda.
Vivienda protegida solo para «españoles autóctonos». El criterio de «autóctono» excluiría también a españoles naturalizados y a sus hijos, además de a residentes de larga duración, en el acceso a vivienda protegida y ayudas sociales.

Críticas culturales

Señalamiento por religión y por origen. Prohibir prendas religiosas en la calle, controlar el islam, ordenar la inmigración por países y tratar a los residentes marroquíes como ciudadanos de un «país hostil» señala a colectivos enteros por su religión o su origen y no por conductas individuales.
«Democracia orgánica» frente al pluralismo. Su modelo de «democracia orgánica» de familia, municipio y sindicato, que el propio presidente vincula a la Falange, sustituye la representación por partidos y el sufragio individual por cauces corporativos. El pluralismo político es un valor superior de la Constitución y los partidos su cauce fundamental.
Rechazo de toda inmigración, también la latinoamericana. El partido rechaza cualquier inmigración, incluida la latinoamericana (su campaña «Pateras del cielo»), y uno de sus dirigentes ha escrito que los españoles podrían «desaparecer». Es un marco de «sustitución» que presenta a la población inmigrante como amenaza colectiva.

Estado de derecho y derechos fundamentales

Deportaciones masivas y repatriación de residentes. La «expulsión masiva», la devolución inmediata de quien llegue sin papeles y la repatriación de contingentes cuando cae el empleo son expulsiones por grupos sin examen individual, prohibidas por el CEDH, y chocan con el principio de no devolución. Los residentes de larga duración solo pueden ser expulsados si suponen una amenaza grave y real, y los menores exigen valorar su interés superior. Es el mismo test aplicado a Vox, SALF, Falange y Frente Obrero.
Preferencia por origen en vivienda, empleo, ayudas y barrios. Reservar vivienda protegida y ayudas a «españoles autóctonos» y dar prioridad en empleo y prestaciones a nacidos en la UE o con antecedentes familiares en España es una preferencia por origen, no solo por nacionalidad: excluye también a españoles naturalizados. Los topes por barrio y las cuotas de ayudas por origen van en la misma línea. El TJUE considera discriminatorio incluso un requisito de diez años de residencia. Es el mismo test que a la «prioridad nacional» de Vox y a la vivienda para «autóctonos» de Frente Obrero.
Expulsar por protestar o por defender ideas. Expulsar a extranjeros por participar en protestas que reclamen derechos o por defender ideas contrarias a la Constitución sanciona el ejercicio de las libertades de expresión y reunión. El TC reconoce un contenido mínimo del derecho de reunión a todo extranjero, incluso en situación irregular, y en España se puede defender cualquier idea, también contra la Constitución, por medios pacíficos.
Quitar la nacionalidad a españoles de origen y custodia por nacionalidad. La Constitución prohíbe privar de la nacionalidad a los españoles de origen, y los hijos de matrimonios mixtos lo son; retirársela por condenas exigiría reformar la Constitución. Atribuir la custodia al cónyuge español por serlo choca con la igualdad y con el interés superior del menor, que obliga a valorar cada caso. Es el mismo test aplicado a las medidas de nacionalidad de Frente Obrero.
Prendas religiosas prohibidas en la calle y control del islam. Prohibir en el espacio público las prendas religiosas «ostentosas» a todo el que no sea religioso consagrado va más allá de lo que el TEDH ha admitido: condenó a Turquía por castigar a unos fieles por vestir ropa religiosa en la calle (Ahmet Arslan, 2010). Condicionar el trato al islam a la reciprocidad de otros Estados afecta a la igualdad de los fieles residentes en España. Es el mismo test aplicado a Frente Obrero.
Prisión sin fianza por ser inmigrante. Un juicio rápido «sin fianza» para todo inmigrante detenido supone prisión provisional automática por la condición de extranjero, cuando el CEDH y la Constitución exigen valorar en cada caso su necesidad. Condicionar los beneficios penitenciarios a pagar la repatriación choca con la igualdad y con la orientación a la reinserción.
Oposición al aborto. El TC declaró en 2023 que la ley de plazos es constitucional y que la decisión de la mujer en las primeras catorce semanas forma parte de su derecho a la integridad física y moral. Volver a prohibirlo chocaría con esa doctrina. Es el mismo test aplicado a Vox.
Condena firme de su presidente por el asalto a Blanquerna. Pedro Chaparro, entonces vicepresidente y hoy presidente de Democracia Nacional, fue condenado en firme por el Supremo (2020) a 2 años y 7 meses por desórdenes públicos y por un delito contra el derecho de reunión por el asalto de 2013 al acto de la Diada en el centro Blanquerna de Madrid. En septiembre de 2026 llamó a desalojar por la fuerza la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol (sin consecuencias judiciales conocidas). Es el mismo test aplicado a Falange.
Sanciones «gravísimas», vigilancia de medios y voto de extranjeros. Castigar de forma «gravísima» actuaciones contrarias a la unidad nacional sin definirlas plantea problemas de legalidad penal, y «vigilar» los mensajes de los medios por su moralidad roza la prohibición de censura previa. Prohibir todo derecho político a los extranjeros chocaría con el voto municipal por reciprocidad que permite la Constitución y con el de los ciudadanos de la UE. Reformar el Título VIII por el art. 168 CE es legítimo.